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La muerte de una mujer y su pareja en Melipilla, junto a las graves lesiones sufridas por sus dos hijos, de los cuales uno se mantiene en riesgo vital.
El caso dejó al descubierto un nuevo caso de violencia intrafamiliar donde el agresor tenía prohibición de acercarse a la víctima.
La policía indaga un posible femicidio con doble parricidio frustrado y posterior suicidio.
Y reabre el cuestionamiento sobre la efectividad de las cautelares y la capacidad del sistema para proteger a mujeres e hijos frente a riesgos previamente denunciados.
En Podría Ser Peor conversamos con Francisca Millán, abogada del estudio jurídico AML Defensa Mujeres, quien sostuvo que estos crímenes son el resultado extremo de violencias que escalan en el tiempo sin una respuesta institucional suficiente.
Advirtió que los tribunales suelen otorgar medidas más limitadas de lo que permite la ley.
Además, agregó que aplican escasamente herramientas como la suspensión total del vínculo entre agresores y sus hijos, aun cuando existe un riesgo evidente.
Millán atribuyó esta falta de rigor a sesgos persistentes que descreen de las denuncias y subestiman el peligro.
Finalmente aseguró que esta falta de rigor termina dejando a las víctimas expuestas a episodios graves, como lo ocurrido en Melipilla.
