La muerte de un niño durante una persecución en Recoleta generó conmoción en el país. En Podría Ser Peor conversamos con el ex-PDI, Carlos Collado, sobre el peligro que implica que civiles participen en este tipo de acciones. El especialista explicó que, si bien la ley no prohíbe una detención ciudadana, se trata de actos complejos que pueden terminar con consecuencias graves.

Collado cuestionó que los dos delincuentes involucrados en el hecho continuarán en libertad, pese a tener un extenso prontuario. Uno de ellos, Iván Gómez, registraba más de 20 detenciones por delitos como robo con violencia, microtráfico, violencia intrafamiliar y receptación. Según el ex-PDI, muchos de estos casos terminan con salidas alternativas o firmas mensuales, medidas que a su juicio restan efectividad al sistema judicial y permiten que los reincidentes vuelvan a delinquir.

El exdetective criticó la falta de control sobre quienes reciben beneficios carcelarios. Señaló que informes técnicos de Gendarmería advierten cuando una persona no está en condiciones de reinsertarse, pero aun así se les otorga libertad. “La justicia firma un papel y quedan libres. El problema lo tenemos nosotros, los que caminamos en la calle”, afirmó Collado, quien advirtió que la falta de cumplimiento de las penas alimenta la impunidad.

Sobre eventuales cambios legales, sostuvo que más que modificar las leyes, se necesita compromiso real para hacerlas cumplir. Sin embargo, reconoció que podría ser necesario limitar los beneficios carcelarios a quienes reinciden. “La persona que pasa por segunda vez detenida no debería tener beneficios. Ya es hora de poner fin al escándalo”, señaló el ex-PDI, apuntando al Congreso como responsable de impulsar las reformas que garanticen mayor seguridad ciudadana.