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El caso “Democracia Viva” suma un nuevo capítulo luego de que la Fiscalía presentara la acusación formal contra la diputada Catalina Pérez y su expareja, Daniel Andrade, a quienes se les imputan delitos de fraude al fisco.

El fiscal jefe de Antofagasta, Cristián Aguilar, solicitó 10 años de cárcel para ambos, mientras que para el exseremi de Vivienda, Carlos Contreras, la petición alcanza 35 años debido a su rol en la entrega de convenios a distintas fundaciones. 

Según la investigación, Pérez y Contreras habrían acordado beneficiar a Democracia Viva en el programa de Asentamientos Precarios, utilizando contratos falsos y gestiones irregulares para simular el funcionamiento de la fundación y obtener millonarios recursos públicos.

En conversación con Podría ser Peor, el abogado querellante Pablo Toloza manifestó que están conformes porque se ha llegado a “una verdad jurídica”.  

“Ha sido una investigación larga (…) Hay intervención directa de Catalina Pérez”, agregó. 

El abogado rescata que se logró demostrar que “es evidente que se borró información”, puesto que en los chats presentados no existe conversación entre ellos, a pesar de que antes sí había, y posteriormente vuelven las conversaciones. 

“Eran fondos que estaban destinados a la viabilidad de asentamientos precarios, de campamentos. Y tal como se mostró hace dos años en la prensa, de habitabilidad no había nada”, comentó.  

¿Dónde quedó el dinero? Ante esta pregunta, el abogado detalla que “eso no se sabe”, que “la mayoría de los fondos fueron destinados a sueldos” de personas ligadas al partido Revolución Democrática, hoy Frente Amplio.

“Gran parte de la plata está en el bolsillo de esas personas (…) Los fondos terminaron en el bolsillo de otras personas”, dijo.