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El consultor internacional en seguridad y crimen organizado, Eduardo Gómez Del Campo, analiza en la Entrevista de Tomás Mosciatti el avance delictual en América Latina y admite que el panorama es complejo. “A veces siento que sí están ganando”, responde cuando se le pregunta si el crimen organizado lleva ventaja.
Gómez del Campo describe un escenario extendido. Cita casos como Costa Rica, Uruguay y Chile, países que durante años fueron considerados seguros y que hoy muestran aumentos en homicidios y delitos violentos. “Ya no hay nadie que se escape”, afirma, recordando que incluso territorios con tejidos sociales fuertes enfrentan cifras inéditas.
En Chile, dice, ha visto señales de alerta desde hace años. Asegura que ha existido compromiso de algunas autoridades, pero el fenómeno avanza con velocidad. “Chile sí empieza a tener señales de alerta que antes no tenían”, sostiene.
México como espejo de advertencia
Cuando Tomás Mosciatti le pregunta si Chile sigue el camino de México, advierte que cada país tiene particularidades, pero reconoce similitudes en la instalación del crimen organizado. México, explica, convive con una complejidad extrema: homicidios impunes, múltiples aristas criminales y una violencia que supera los 20 homicidios por cada 100 mil habitantes.
“De cada 100 homicidios, 97 quedan en la impunidad”, relata sobre la realidad mexicana. Y agrega otro punto que considera central: el avance de las extorsiones. Para él, ese delito revela con mayor crudeza la pérdida de control territorial.
Extorsiones, impunidad y el modelo Bukele
Gómez del Campo detalla que muchos secuestros tradicionales dieron paso a prácticas como los secuestros virtuales. En México, cuenta, hubo un penal desde donde salieron 150 llamadas de extorsión en un solo día. “¿De qué tamaño es el reto?”, pregunta al describir la dimensión del fenómeno.
Aunque se discute una ley general para combatir la extorsión, plantea dudas sobre las capacidades institucionales. “Tenemos leyes, pero ¿tenemos las capacidades reales para sancionar ese crimen?”, cuestiona.
El análisis llega al modelo Bukele, tema que divide a América Latina. Gómez del Campo reconoce sus cuestionamientos, pero también datos que considera relevantes. “Llevan 700 días sin homicidios”, afirma sobre El Salvador, destacando el impacto de las medidas en la reducción de violencia.
Sin embargo, sostiene que replicarlo en países grandes sería inviable. En México, calcula, implicaría encarcelar a un millón y medio de personas. “No hay presupuesto que aguante”, advierte.
El consultor también apunta a la corrupción como un elemento estructural del problema. Recuerda el emblemático caso de Gennaro García Luna, pero añade que hay cientos de situaciones similares, desde policías hasta jueces. “El modelo está diseñado para que confiáramos en ellos”, lamenta, mientras describe encuestas en que casi nadie confía en la policía municipal.
Sin ese vínculo, explica, las comunidades no entregan información clave para enfrentar a las bandas. Y los delitos se expanden sin contención.
Finalmente, abre dudas sobre el rol de la inteligencia artificial. Reconoce su potencial, pero también su riesgo. “No estamos preparados, no sabemos lo que viene”, dice, antes de cerrar con la advertencia de que estas herramientas pueden servir tanto al crimen como al Estado, dependiendo de quién se adapte más rápido.
