"Deben ser desvinculados": Chile Transparente por funcionarios del Estado que fueron condenados
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Diego Álvarez Calvo

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El director ejecutivo de Chile Transparente, Michel Figueroa, pidió desvincular a los 315 funcionarios públicos condenados por crimen o simple delito, como exige la ley, y evaluar posibles responsabilidades de sus jefaturas. Sostuvo que los superiores difícilmente desconocían los procesos judiciales y planteó que los tribunales notifiquen directamente a los servicios para acelerar el cese de funciones. La Contraloría detectó, entre otros, 84 casos en Carabineros y 22 en el Ejército.

El director ejecutivo de Chile Transparente, Michel Figueroa, aseguró que los 315 funcionarios del Estado que fueron condenados y continúan cumpliendo sus funciones deben ser desvinculados, y apuntó a evaluar también las posibles responsabilidades de sus jefaturas en los servicios.

La Contraloría General de la República, en su Consolidado de Información Circularizada (CIC) N.º 29, detectó que más de 300 personas que trabajan en la administración del Estado tienen condenas por crimen o simple delito. Esto pese a la prohibición de la Ley N.°18.575, que establece que las personas en dicha situación no pueden desempeñarse en la administración del Estado.

Frente a este escenario, en conversación con el Expreso Bío Bío, Figueroa planteó que se trata de casos donde la condena fue posterior al ingreso de estas personas en la función pública. Pero que, de igual manera, pierden dicha característica por lo que la legislación denomina “inhabilidad sobreviviente”.

“Y ahí justamente lo que constituye es que el funcionario debe ser desvinculado de la institución por haber perdido el requisito legal para poder ejercer como funcionario público”, agregó.

Sin embargo, eso no ocurrió, y estas más de 300 personas continúan en sus cargos. Según la información visibilizada por Contraloría, 84 de estos funcionarios se desempeñan en Carabineros; 22 en el Ejército, y 8 en la Armada. La Municipalidad de Valdivia, la Fuerza Aérea, la Municipalidad de Hualpén, la Municipalidad de Tierra Amarilla, la Municipalidad de Chillán, la Municipalidad de Puerto Montt y la Municipalidad de Tocopilla también cuentan con funcionarios en esta situación.

¿Responsabilidad de jefaturas por funcionarios públicos condenados?

El director de Chile Transparente sostuvo que la desvinculación, según los datos, no se habría concretado porque las personas intervinientes que fueron condenadas no informaron a sus jefaturas.

En ese sentido, dijo que “es una excusa bastante, de alguna forma, mezquina o poco creíble”.

“Para que una persona llegue a ser condenada por un crimen o simple delito tuvo que pasar por un proceso judicial. Evidentemente la jefatura directa de esa persona se enteró, tuvo que darle permiso para haber ido a la audiencia, al juicio”, enfatizó.

De esta manera, Figueroa apuntó a una “intencionalidad” o “dejación” de no querer cumplir con el trabajo que corresponde y, de esa forma, proteger a los funcionarios para que no pierdan su empleo.

Sumado a lo anterior, el entrevistado también planteó que, en medio de la discusión sobre el rol de las instituciones y la crisis de seguridad que azota al país, este tipo de situaciones propician que “líderes populistas empiezan a ganar el debate político y nos ponen en aún más riesgo a mediano plazo”.

Figueroa, además, explicó que desde el momento de la condena a un funcionario público, hay un plazo de 10 días para notificar a la autoridad y cesarlo del cargo. Ante ello, señaló que se debiese avanzar a que sea el propio tribunal el que oficie al jefe superior de servicio sobre la persona condenada.

Al ser consultado sobre quiénes son los responsables de esta situación, el director de Chile Transparente afirmó que, en principio, los sumarios se van a concentrar contra los condenados. Sin embargo, propuso que también es relevante evaluar las condiciones de vigilancia y supervisión que tenían que cumplir las jefaturas.

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