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En la antesala a la discusión del Registro Nacional de Vándalos e Incivilidades, el gobierno de José Antonio Kast sufrió un duro golpe por parte del Tribunal Constitucional, que demolió el corazón del proyecto “Escuelas Protegidas” al declarar inconstitucional las sanciones por acciones que interrumpieran las clases y la restricción para acceder a la gratuidad a estudiantes condenados por delitos graves, entre otros artículos.

En medio de este escenario, en el Expreso Bío Bío conversamos con el subsecretario de Justicia, Luis Silva, quien respondió ante los múltiples cuestionamientos que han recibido las iniciativas del Ejecutivo, entre los que destacan las contradicciones presentes en el Registro de Vándalos.

Algunas de las críticas más fuertes apuntan a la posibilidad de perder beneficios sociales y que entre las conductas que caerían en este listado está organizar un bingo, algo que muchos realizan, por ejemplo, para costearse un tratamiento médico podrían caer en este listado.

Ante aquello, el subsecretario Silva planteó que prefiere detenerse en otras conductas, “como agredir a carabineros”.

“Si nosotros en la discusión llegamos a la conclusión de que organizar un bingo para pagarse la salud no comparte con estas otras conductas, que realmente son las que interesan en el fondo de la cuestión, pues la sacamos, se sale, se saca la conducta”, agregó.

Asimismo, la autoridad de Gobierno aseguró que “lo que importa es hacerse cargo de aquellas conductas que realmente hostilizan la convivencia social, que muchas veces son el germen de trayectorias delictivas que terminan en situaciones mucho más graves, que vamos a reprochar, que vamos a lamentar, y que no tienen consecuencia”.

En ese sentido, apuntó a que la privación de libertad por algunas de estas conductas no estaría siendo eficaz.

Sobre el fallo del TC y sus posibles repercusiones en la discusión del Registro de Vándalos, Silva enfatizó en que aún no se conocen los argumentos de la conclusión del órgano encargado de velar por la supremacía de la Constitución.

“El fundamento por el cual se prohíbe es muy importante, porque, por ejemplo, en la discusión que se aproxima son varias las objeciones que se han deslizado acerca de la potencial inconstitucionalidad de ciertas consecuencias. Y depende cuántas escoja el tribunal, o si se le ocurrió a una distinta de las que se han discutido”, dijo.

Según la autoridad, de momento, la principal objeción que se ha realizado a la iniciativa de La Moneda es que no se podría penar dos veces un mismo hecho.