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El consejero regional por la región del Maule, Francisco Durán, expresó su preocupación tras la desvinculación de casi todo el equipo de seguridad pública de la Municipalidad de Villa Alegre.

Y es que el municipio confirmó la salida de la directora de Seguridad Pública, Gabriela Pérez, además de todo el equipo de inspectores municipales.

En ese sentido, en conversación con el Expreso Bío Bío, la autoridad detalló que hay “un escenario de inestabilidad institucional” en la comuna, luego de esta situación.

“Nos enteramos de que lo que estaba sucediendo en la comuna de Villa Alegre, que no es tan grande, es de 20 mil habitantes, era que su cuerpo de seguridad pública iba a ser totalmente desvinculado. No es un cuerpo tan grande, pero son al menos diez personas que están preocupadas del control de cámara, de las rondas periódicas”, dijo.

Asimismo, planteó que, según la información que mantiene, sólo quedaría una persona en el equipo.

En la misma línea, Durán planteó las interrogantes que deja esta decisión. “¿cómo se va a suplir este problema de funcionarios que no están en la seguridad pública, sobre todo en una comuna que hoy tiene el problema sensible ante la desaparición de una autoridad, como la concejala María Ignacia González?; ¿Cuál es el programa de contingencia para reponer a estas personas?; ¿Currículum, especialistas, materiales que se necesitan para la función de la seguridad pública?”, dijo.

Por lo anterior, aseguró que, como Gobierno Regional, “entramos con una fiscalización para poder saber cómo se va a operativizar el tema de los recursos. El gobierno regional entrega recursos a propósito de vehículos, cámaras, en fin, a las comunas”.

Los emplazamientos al alcalde de Villa Alegre por salida del equipo de seguridad pública

Por otra parte, el consejero regional llamó a “que el alcalde aclare” esta situación. Lo anterior, ya que, según mencionó, en la página institucional del municipio de Villa Alegre se explicó que la desvinculación del equipo de seguridad pública se debía a trascendidos de redes sociales.

Sin embargo, no se responde cuánta gente va a llegar; quiénes; cuál especialización van a atener; cuándo van a estar operativos. “No sabemos qué va a pasar desde el 1 de enero”, afirmó.

De hecho, Durán detalló que “el alcalde, el día de ayer, señala, a la pregunta que se le hace en el consejo municipal, que él tiene información de redes sociales y WhatsApp, que le dicen que los funcionarios no están lo suficientemente capacitados para cumplir con el ejercicio del trabajo”.

“Pero, todos sabemos que en el estatuto administrativo y en la ley que rige a los funcionarios públicos, antes de poder determinar ese tipo de situaciones, se debe aplicar los procesos sumariales correspondientes. Todas las personas en el Estado de Chile tienen derecho a un proceso razonable y justo”, añadió.