La caída de banda que falsificaba certificados de estudios para obtención de licencias de conducir
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Diego Álvarez Calvo

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Una banda dedicada a la falsificación de certificados de estudios y la entrega de licencias de conducir irregulares, integrada por dos funcionarios del Ministerio de Educación, fue desarticulada en O\'Higgins. Cuatro miembros, incluidos dos chilenos y dos extranjeros, quedaron en prisión preventiva. El fiscal Javier Von Bischoffhausen explicó que el funcionario corrupto ya fue condenado a prisión, y otros implicados, incluidos funcionarios públicos y privados, están siendo investigados por cohecho, soborno y más. Se han detectado 5.500.000 certificados falsos, con al menos mil personas obteniendo licencias ilegales.

El fiscal de O’Higgins, Javier Von Bischoffhausen, detalló cómo operaba la banda dedicada a la falsificación de certificados de estudios y la entrega de licencias de conducir irregulares, que era integrada por dos funcionarios del Ministerio de Educación.

Cabe mencionar que este lunes, cuatro integrantes de esta red criminal, dos chilenos y dos extranjeros, quedaron en prisión preventiva.

El persecutor, en conversación con el Expreso Bío Bío, explicó que “esto parte como una gran investigación de la Fiscalía de Alta Complejidad, en conjunto con la Policía de Investigaciones de O’Higgins, relativa, en primeros términos, a certificados de educación de un funcionario público en O’Higgins que otorgaba estos certificados falsos; y con esa información, a partir de una estructura criminal en el Departamento de Tránsito de Requínoa, con otros privados, lograban sacar licencias de conducir”.

En esa línea, agregó que “ese funcionario público corrupto de O’Higgins, de la Seremi de Rancagua en su minuto, ya fue condenado a cinco años y un día de cárcel efectiva. Y actualmente tenemos en prisión preventiva al director de Tránsito de Requínoa junto a otros funcionarios de esa repartición, más otro funcionario privado, que hacía de captador de gente interesada en obtener las licencias de conducir”.

Asimismo, Von Bischoffhausen señaló que “dentro de esa línea investigativa de esta gran organización, logramos determinar que también en la región Metropolitana había funcionarios, en este caso del Mineduc, que estaban alterando certificados de educación, principalmente de ciudadanos extranjeros que no contaban con la acreditación de estudios, para luego obtener licencias de conducir en distintas partes”.

En ese sentido, hay un sumario administrativo vigente, por lo que la calidad de estos imputados sigue siendo la de funcionarios públicos. Además, se estableció que se emitieron 5.500.000 certificados de educación ideológicamente falsos. De ese número, según mencionó el fiscal, “al menos mil corresponden a personas que, luego, obtuvieron licencias de conducir en el Departamento de Tránsito de Requínoa, y muchos otros en municipios de distintas partes del país”.

“Es un negocio ilegal, pero muy lucrativo el que hemos logrado desarticular”

En cuanto a quienes quedaron en prisión preventiva, el persecutor detalló que, además de los funcionarios públicos, hay “otros dos captadores, un haitiano y un peruano, que se dedicaban a captar a gente interesada; recibían importantes sumas de dinero, y luego les pagaban como lo habían acordado estos funcionarios públicos (…) Del 2020 al 2023, aproximadamente, lograron transferir, luego del análisis de las cuentas bancarias, más de $360 millones a estos funcionarios públicos”.

“Es un negocio ilegal, pero muy lucrativo el que hemos logrado desarticular”, agregó.

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Por otra parte, al ser consultado sobre si los certificados de educación falsos se habrían utilizado para otros fines, Von Bischoffhausen no lo descartó, pero enfatizó en que “lo que tenemos acreditado en este momento es que el volumen dice razón con las licencias de conducir”.

Pero eso no es todo, ya que, pese a que a los miembros de esta organización se le imputaron los delitos de cohecho, soborno, lavados de activos e, incluso, falsificación de instrumento público, los que recibieron estos documentos también están siendo perseguidos.

“El que use este certificado y luego, por ejemplo, obtiene una licencia de conducir de manera ilegal, eso no es una mera infracción administrativa, eso es un delito”, aseguró el fiscal.

Además, añadió que “hemos formalizado a más de 60 imputados por obtener ilegalmente licencias de conducir, y vamos a seguir formalizando a todos los que logramos establecer que hayan cometido este delito”.

Ahora, en cuanto a los precios, el persecutor detalló que “los certificados de educación podían ser $70.000, $100.000 o $180.mil. Dependía, muchas veces, de las necesidades de las personas. Además, algunos se cobraban exclusivamente por aquello, pero otros eran por el combo completo. Es decir, por el otorgamiento de la licencia de conducir. Ahí estamos hablando de $1.800.000. Pero dependía, también, de la clase, si era B o profesional”.

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