La polémica en Curacaví sigue sumando capítulos luego del homicidio de un ingeniero en una parcela de la comuna, hecho ocurrido cuando delincuentes lo atropellaron con su propia camioneta durante un asalto.

En medio de las diligencias, una de las familias de los involucrados contactó directamente al alcalde Christian Hernández, quien terminó trasladando en su vehículo a uno de los responsables para que se entregara a Carabineros.

Este inusual actuar abrió el debate sobre los límites y responsabilidades que tienen hoy las autoridades comunales en materias de seguridad, tema que abordó el presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, Gustavo Alessandri, en conversación con Expreso Bío Bío.

“Todos en su lugar hubiéramos hecho lo mismo (…) El municipio se hace parte de buena fe, pero esto no está tipificado porque no existe una ley”, adelantó.

En detalle, Alessandri apunta que han estado pidiendo “a gritos” una ley que proteja a los funcionarios municipales y se detalla en qué es lo que pueden y no pueden actuar como coayudantes de la PDI y Carabineros.

“Que tenga financiamiento para poder implementar las atribuciones de seguridad pública y también, hay que decirlo claramente, profesionalizar a los funcionarios municipales para que tengamos funcionarios que estén preparados para cumplir este rol”, explicó.

Asimismo, recalcó que “juzgar a un alcalde que lo hizo de buena fe es innecesario”.

En relación al accionar del alcalde de Curacaví en empadronar y revisar cámaras dentro de la carpeta investigativa, sobre si estaría interviniendo en ello, para Alessandri esto no es así.

“Las cámaras son municipales, son nuestras, son financiadas por nosotros”, explicó. Agregando que ellos, como municipio, ayudan a PDI, Carabineros y Fiscalía para entregar las grabaciones para ayudar con las investigaciones.

Finalmente, Alessandri manifestó que conversarán con el alcalde para luego emitir un comunicado sobre esto.

Revisa todos los detalles en la entrevista completa.