Alcalde de Colchane: "El Gobierno ha incentivado la migración irregular"

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El nuevo proceso administrativo contemplado en la Ley de migración y extranjería son las notificaciones presenciales.

Según la normativa, se entregan dos notificaciones presenciales al implicado, antes de que la Policía de Investigaciones concrete la expulsión. En el fondo, se debe notificar personalmente al afectado, que dispone de 10 días para presentar sus descargos y alegatos. Cumplido el plazo, se debe notificar la expulsión en forma personal y el afectado tiene otros 10 días para recurrir ante la Corte de Apelaciones. En todo ese tiempo no procede la detención del extranjero.

Para el alcalde de Colchane, Javier García es una situación alejada de la realidad del país.

“Estamos realmente impactado de cómo la clase política chilena ha enfrentado el fenómeno migratorio. El proceso de expulsión administrativa es burocrático y está alejado de la realidad. Se han formado verdaderas ciudadelas, han tomado terrenos fiscales donde no existen nombres en las calles, menos números de la calle. Es inviable que se puedan efectuar las notificaciones. Creemos que falta voluntad política del Gobierno y del poder legislativo para normar ajustado a la realidad”.

Y aseguró que es importantísimo trabajar en un proyecto de ley que acelere o minimice los requisitos de procedimientos para efectuar las expulsiones administrativas. “A la fecha no hemos visto”, cierra.

“Ingresan los migrantes sin ningún control de identidad, ingresan con armas, con cualquier producto o implemento, no tienen mayor control. El Gobierno ha incentivado la migración irregular, implementando campamentos en las fronteras”.

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El nuevo proceso administrativo contemplado en la Ley de migración y extranjería son las notificaciones presenciales.

Según la normativa, se entregan dos notificaciones presenciales al implicado, antes de que la Policía de Investigaciones concrete la expulsión. En el fondo, se debe notificar personalmente al afectado, que dispone de 10 días para presentar sus descargos y alegatos. Cumplido el plazo, se debe notificar la expulsión en forma personal y el afectado tiene otros 10 días para recurrir ante la Corte de Apelaciones. En todo ese tiempo no procede la detención del extranjero.

Para el alcalde de Colchane, Javier García es una situación alejada de la realidad del país.

“Estamos realmente impactado de cómo la clase política chilena ha enfrentado el fenómeno migratorio. El proceso de expulsión administrativa es burocrático y está alejado de la realidad. Se han formado verdaderas ciudadelas, han tomado terrenos fiscales donde no existen nombres en las calles, menos números de la calle. Es inviable que se puedan efectuar las notificaciones. Creemos que falta voluntad política del Gobierno y del poder legislativo para normar ajustado a la realidad”.

Y aseguró que es importantísimo trabajar en un proyecto de ley que acelere o minimice los requisitos de procedimientos para efectuar las expulsiones administrativas. “A la fecha no hemos visto”, cierra.

“Ingresan los migrantes sin ningún control de identidad, ingresan con armas, con cualquier producto o implemento, no tienen mayor control. El Gobierno ha incentivado la migración irregular, implementando campamentos en las fronteras”.