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Un caso de exceso de velocidad ha generado una intensa controversia en el debate periodístico chileno. Un conductor que manejaba a 260 kilómetros por hora obtuvo protección judicial para mantener su identidad en reserva, una decisión que ha levantado acusaciones de discriminación y doble estándar en el sistema de justicia.

La medida judicial prohibió revelar no solo el nombre del conductor, sino también la patente del vehículo y cualquier dato que permitiera su identificación, pese a que los medios tenían acceso a un perfil completo del personaje, incluyendo empresas donde tiene acciones.

Los conductores de Causa y Efecto denunciaron lo que consideran un sesgo evidente en el actuar de los tribunales. Están convencidos de que “si hubiese sido un auto con un personaje que no corresponde a cierta elite empresarial o de nexos, probablemente estaríamos hablando del nombre y de la responsabilidad con nombre y apellido”.

Uno de ellos fue enfático al señalar que “estos nombres hay que guardarlos, hay que tener como una libretica anotando todos los nombres de estos jueces”, en referencia a quienes toman este tipo de decisiones que califican como discriminatorias.

La acusación contra Nicolás Grau sin respaldo técnico

El segundo tema abordado fue el destino de la acusación constitucional contra el ex ministro de Hacienda Nicolás Grau, que se encamina al rechazo. La acusación enfrenta un problema de credibilidad fundamental: el Consejo Fiscal Autónomo, la misma entidad técnica que la oposición utilizó para criticar a la administración anterior, ahora señala que la acusación carece de fundamento. Esta contradicción debilita sustancialmente la argumentación de quienes la presentaron.

Los panelistas reconocieron que durante los últimos cuatro años se tomaron decisiones económicas equivocadas, pero destacaron una diferencia crucial: “¿Cuál es la única diferencia? Es que las decisiones se tomaron a contrapelo de lo que decían entidades autónomas”. El Consejo Fiscal Autónomo fue creado precisamente como un contrapeso técnico al Ministerio de Hacienda, y durante la administración anterior sus advertencias fueron sistemáticamente ignoradas. Incluso hubo intentos de ejercer presión sobre consejeros específicos para que fueran menos estrictos en sus evaluaciones.

El análisis sugiere que el probable rechazo de esta acusación podría marcar el fin de un ciclo de acusaciones constitucionales. Renovación Nacional ya impulsa un proyecto para elevar el estándar exigible ante este tipo de mecanismos, lo que podría cambiar significativamente la dinámica política en el Congreso.