Ética y transparencia de BioBioChile

A medida que el gobierno entra en su recta final, comienzan los balances sobre las promesas incumplidas. Y en la presente edición de Causa y Efecto conversamos de una de las más simbólicas, la reducción de los sueldos en las altas esferas del Estado y del Congreso. Mientras algunos parlamentarios ganan entre ocho y diecinueve millones de pesos, el presidente del Senado, Manuel José Ossandón, busca limitar esos montos, aunque reconoce que no existe una mayoría suficiente para aprobar la medida.

Ossandón plantea que la rebaja no afectaría a los actuales funcionarios, sino a las futuras contrataciones, y que el objetivo es extender esta regulación a todo el aparato público, de modo que nadie gane más que el Presidente de la República. La propuesta, sin embargo, enfrenta resistencia dentro del propio Congreso y del Ejecutivo, donde los incentivos para el retiro y los privilegios de algunos cargos siguen intactos.

En paralelo, se cuestionan los criterios de idoneidad en el nombramiento de funcionarios. El caso de Ignacio Silva Santa Cruz, psicólogo de profesión, que pasó de ser concejal a jefe de la División de Tecnologías Emergentes del Ministerio de Ciencia desató críticas por su falta de experiencia en el área. Para algunos, refleja cómo el Estado se convierte en un botín político que financia a los partidos y reparte cargos entre cercanos al poder.

Nibaldo y Néstor, coincidieron en que este no es un problema exclusivo del actual gobierno, sino una práctica extendida en la clase política. Promesas de austeridad y meritocracia se repiten administración tras administración, pero los cambios estructurales siguen pendientes.