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En Causa y Efecto conversamos de la destitución de Dina Boluarte que marcó otro capítulo en la inestabilidad política de Perú. Llegó al poder tras la caída de Pedro Castillo, hoy preso por intentar cerrar el Congreso, y terminó siendo removida por los mismos sectores que la apoyaron. Con apenas un 3% de respaldo y múltiples investigaciones en curso, su salida estuvo rodeada de escándalos, protestas y una sensación de agotamiento institucional.

En medio del caos, la violencia y la criminalidad fueron el telón de fondo. Un ataque armado contra músicos populares y el paro de transportistas en Lima, sometidos a extorsión permanente, aceleraron su caída. La inseguridad se convirtió en argumento político, mientras el país nombraba a su nuevo presidente, José Jerí, un joven de 38 años, que deberá conducir unas elecciones ya fijadas para abril.

Perú vuelve a enfrentar un escenario con decenas de candidatos y un Congreso fragmentado. La sucesión de mandatarios procesados refleja una democracia en crisis, donde la política parece haberse vuelto irrelevante frente a una economía que, pese a todo, se mantiene estable. Esa paradoja ha permitido que el país siga funcionando, aunque con instituciones cada vez más debilitadas.

La incertidumbre también afecta su rol en la región. Sin liderazgos claros ni confianza entre autoridades, la cooperación contra el crimen organizado se vuelve cada vez más difícil. Entre Santiago, La Paz y Lima, los flujos delictivos crecen, mientras el control territorial en el Gran Lima revela un país que, aunque cambia de presidentes, no logra cambiar su destino.