El Presidente Gabriel Boric anunció una reforma constitucional para mantener a los militares en la frontera norte, una medida que marca un giro respecto de las posiciones que su propio sector defendió durante años. La decisión busca reforzar el control migratorio, pero abre dudas sobre su efectividad y los riesgos que conlleva. El más evidente: qué sucede cuando las Fuerzas Armadas, sin preparación policial, se ven obligadas a interactuar de forma permanente con el mundo delictual.

Ya existen antecedentes preocupantes. Un grupo de militares fue sorprendido transportando droga hacia la capital en al menos dieciséis viajes antes de ser descubiertos. Militarizar la frontera, entonces, parece más un gesto político que una estrategia sostenible. La realidad es que, pese a los drones, cámaras y vigilancia, cientos de personas siguen cruzando por pasos no habilitados. Y en ese terreno fértil de pobreza, descontrol y corrupción, las mafias del tráfico y la trata de personas encuentran su negocio.

La pregunta de fondo es cuál será el rol concreto de los militares. Si solo se trata de disuadir, el efecto es limitado. Nadie abrirá fuego contra una madre que cruza con su hijo, y nadie puede creer que un despliegue de tropas funcione como simple advertencia. En ese punto, el discurso oficial parece más enfocado en el impacto electoral que en la seguridad efectiva. El gobierno, al tomar la delantera, también neutraliza una bandera de campaña de la oposición, pero sin ofrecer una política integral.

Porque el problema no termina en el norte. Los secuestradores de Ronald Ojeda escaparon por pasos ilegales; el contrabando de cigarrillos, armas y marihuana fluye desde Bolivia, Argentina y Perú; y la cooperación regional sigue estancada. Mientras los candidatos presidenciales compiten por ver quién promete más presencia militar, nadie plantea una agenda seria de relaciones exteriores o de coordinación fronteriza con los países vecinos.

El verdadero desafío no está en llenar el desierto de uniformes, sino en enfrentar una industria criminal que opera a ambos lados de la frontera. Sin acuerdos internacionales, sin inteligencia compartida y sin instituciones blindadas contra la corrupción, la militarización se convierte apenas en un símbolo.