Ética y transparencia de BioBioChile
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Resumen generado con una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por BioBioChile y revisado por el autor de este artículo. El director del Servicio de Impuestos Internos, Javier Etcheberry, está bajo la lupa por no haber pagado las contribuciones correspondientes al valor correcto durante nueve años por una casa en Paine. Aunque argumenta haber enviado la documentación necesaria, surgen dudas sobre el sistema y sus procesos. El trámite realizado en 2016 no buscaba ajustar las contribuciones, sino cumplir con la Ley 20.780 para valorar la propiedad. Esto pone de manifiesto problemas en la discrecionalidad del SII y abre la puerta a la corrupción. La falta de modernización y claridad en la fiscalización afecta a los ciudadanos comunes, generando espacios para irregularidades y beneficiando la burocracia.
Los ojos están puestos en el director del Servicio de Impuestos Internos, Javier Etcheberry, por la denuncia en su contra de que no pagó las contribuciones cuando debía.
El reportaje de 24 Horas señala que la autoridad no pagó las contribuciones que le correspondían durante nueve años, ya que su casa en Paine, que fue ampliada, tenía un valor mayor al establecido previamente y por lo tanto la actualización de ese valor le hacía pagar contribuciones menores.
Etcheberry se ha defendido diciendo que mandó los documentos correspondientes, recibiendo el respaldo del ministro Mario Marcel, pero aún así quedan varias interrogantes.
Si una persona como Javier Etcheberry hace estas gestiones y no resultan, qué queda para el resto de los habitantes, por lo que el sistema está fallando completamente.
Lo que se dice que efectivamente el año 2016 entrega la documentación Etcheberry, pero ese trámite no es para ajustar las contribuciones, es decir no es porque el crea que está pagando menos, sino que lo hace con la actualización del valor de las propiedades, en virtud de la Ley 20.780 de la Reforma Tributaria del año 2015, para garantizar el precio de una futura venta. Es un detalle que no es menor.
Hay un problema con el SII. En materia de impuesto territorial, hay grados de discrecionalidad en determinar esos valores. Cuando hay discrecionalidad puede haber arbitrariedad y desde aquí podría haber un paso a la corrupción.
¿Y el ciudadano común?
Si sacamos el caso de Etcheverry, nos preguntamos qué ocurre con el ciudadano común. Hay una ambigüedad fiscal respecto a cómo fijar el valor del impuesto territorial. Es el Estado el que no está a la altura, y al no haberse modernizado deja estos intersticios por donde pasan estas cosas, que se cobra lo que se debe cobrar y papeleos que no se hacen.
Hay gente que se beneficia de este trámite lento, de la burocracia. Con la tecnología moderna no deberían existir estos espacios de ambigüedad.
Existe un problema estructural que no es menor y que generan espacios para que se generen estos hechos de corrupción, un ejemplo es la liberación del sicario.
La solución requiere vocación, requiere celo, leyes. A pesar de que el mundo político reconoce que encuentra barreras en los gremios y en las asociaciones, porque probablemente se pierden espacios de discrecionalidad que son aprovechados por algunos, pero mientras tanto, la situación sigue sin resolver.
El propio Etcheberry habló de 60 mil declaraciones que se perdieron y que se encontraron recién hace cuatro meses.