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Se está discutiendo la reforma de pensiones en el Congreso. Y existe un atraso, se esperaba que estuviera ya en la sala del Senado, pero eso no ha ocurrido porque se está hablando de un proyecto enorme que consta de 600 páginas divididos en cuatro tomos.

Por lo tanto, existe la legítima duda de cuantos parlamentarios leerán completamento el proyecto por su gran extensión. Una reforma difícil que también se enfrenta al informe financiero del Consejo Fiscal Autónomo.

Recordemos que propone la reforma: actualmente el trabajador ofrece el 10% de su remuneración para su pensión y un 1,5% de parte de los empleadores a un fondo nacional de sobrevivencia. Con el proyecto, un 4,5% adicional de parte de los empleadores a cotización individual. Otro 1,5% para un préstamo obligatorio de los trabajadores al Estado y un último 1% al fondo de sobrevivencia.

Todo esto presenta grandes costos fiscales: uno es que el Estado tiene un millón de empleados, por lo tanto como empleador debe aumentar la cotización a los trabajadores. Lo segundo es que el mismo Estado se va a endeudar con los trabajadores chilenos, al no haber suficiente dinero por recaudación de impuestos.

Lo último, relacionado a la PGU, es que actualmente no está financiado de acuerdo a organismos internacionales. Por lo tanto, si se suma que la Pensión Garantizada Universal al 2030 tendrá un costo del 7% del PIB y se estima que la deuda obligatoria que presenta la reforma, al 2050 llegaría al 10% del PIB. Ninguna de estás cifras calza.