Hace cuatro años ingresó al Congreso para su tramitación, en octubre fue despachada en forma unánime y hoy proclamada. La denominada ley “No me pregunten más” recibió la firma de la presidenta Michelle Bachelet y comenzará a entrar en vigencia.

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Esta ley, la 21.057, norma la intervención de niños víctimas de delitos graves en etapas de denuncia, investigación y juzgamiento. Les permitirá poder entregar su testimonio mediante entrevistas videograbadas, para evitar su revictimización por los reiterados interrogatorios al que deben someterse.

Ante este avance, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Campos, afirmó que la política de menores está colapsada en el país y la única manera de salir de esa situación es aprobar los proyectos que van en esa línea.

En el detalle, una vez que se presente una denuncia, la Fiscalía designará a una persona especializada para realizar la entrevista videograbada al menor, en la etapa de investigación.

Estas personas estarán acreditadas en un registro especial, administrado por el ministerio de Justicia. Dicho registro podrá ser utilizado por fiscales y jueces cuantas veces sea necesario.

Una vez que se esté en la etapa del juicio, el menor podrá ser interrogado por un intermediario, que cuente con la misma formación que en el período previo.

Claudia Guerrero es presidenta de la Agrupación No más abuso sexual infantil y sus hijas fueron víctimas de este delito. Afirmó que esta ley apoyará las denuncias, puesto que protegerán a los niños.

La gerenta de la División de Atención a Víctimas y Testigos de la Fiscalía Nacional, Patricia Muñoz, dijo que siempre existe la opción que los menores se contradigan en sus declaraciones, pero resaltó que la importancia está en salvaguardar su intimidad y dignidad.

En tanto, la jefa de Estado dijo que con esta promulgación se avanza en mejorar la protección de los niños.

La entrada en vigencia de esta ley será por etapas, primero en algunas regiones, luego en otras. Se construirán 38 salas especializadas para las entrevistas y se capacitarán a más de 229 funcionarios, quienes serán miembros de Carabineros o la Policía de Investigaciones.