Fotografía: Agencia UNO
Radio Bío Bío accedió a los estados financieros del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, los que dan cuenta de un incremento permanente de los pasivos del Hospital José Joaquín Aguirre: entre 2010 y 2015 subieron 71,7% hasta $ 63.322 millones. En esta línea, el vicerrector económico de la casa de estudios advirtió que el “creciente endeudamiento ha alcanzando un nivel que pone en riesgo la viabilidad financiera de toda la universidad”. Mientras un informe de una comisión ad-hoc cifró la deuda en $ 61.000 millones, el prorrector afirma que ésta sólo llega a cerca de $ 50.000 millones en la actualidad.
“La situación de creciente endeudamiento del Hospital Clínico de la Universidad de Chile (Hcuch) ha alcanzado un nivel que pone en riesgo la viabilidad financiera de toda la Universidad”. Así de tajante fue la hasta ahora desconocida presentación -de conclusiones preliminares del grupo de trabajo sobre materias presupuestarias- que realizó el vicerrector económico de la casa de estudios, Enrique Manzur, en mayo de este año ante el Consejo Universitario.
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El documento [revísalo aquí] expuesto por la autoridad también consignó que los pasivos totales del recinto, conocido como José Joaquín Aguirre, alcanzaron los $ 63.300 millones a fines del año pasado. Esta cifra coincide con los estados financieros -desde 2010 a 2015- a los que tuvo acceso Radio Bío Bío a través de la Ley de Transparencia.
En efecto, los balances generales de la entidad revelan un fuerte y permanente incremento de los pasivos. En 2010, el total de los pasivos del recinto -considerando los de corto y largo plazo- ascendió a $ 36.845 millones, mientras que al cierre del año pasado el monto llegó a $ 63.322 millones. Es decir, en cinco años se elevó 71,86% y en $ 26.477 millones.
En línea con lo anterior, la Comisión ad-hoc Hospital Clínico, creada por el Senado Universitario y presidida por el académico de la Facultad de Medicina, Miguel Ángel Morales, emitió un informe en junio de este año en el que cifró la deuda total del recinto hospitalario en $ 61.000 millones.
El prorrector de la universidad, Rafael Epstein, discrepó de estos números y aseveró que no todos los pasivos corresponden a endeudamiento. “La deuda hoy en día es cercana a los $ 50.000 millones, de los cuales $ 14.000 millones son deuda con proveedores. Ahí tenemos facturas por pagar, de las cuales la mayoría no están vencidas, es decir, son compras que hace el hospital regularmente. A eso se le suman unos $ 37.000 millones que el fondo general ha invertido en el hospital”, aseveró.
Explicó que la diferencia con el total de los pasivos y con las cifras de la comisión se debe a que la dirección del hospital, ubicado en Independencia, ha reducido este año el endeudamiento en más de $ 4.000 millones. También, añadió, a que el ítem de “los acreedores varios -más de $ 8.000 millones incluidos dentro de los pasivos- no lo consideramos como deuda, ya que son garantías que nos dan los clientes por prestaciones médicas”.
Si se aplicara el criterio que describe el prorrector Epstein, de no considerar los “acreedores varios”, se obtiene que la deuda en 2010 habría sido de $ 31.952 millones y en 2015 habría llegado a $ 54.784 millones. Esto implica un alza de 71,45% en todo ese lapso.
De todos modos, diversos especialistas en contabilidad consultados por La Radio explicaron que en los balances generales de cualquier compañía, todos los puntos considerados dentro de los pasivos corresponden a pasivos reales, es decir, a obligaciones que posee la firma con terceros o partes relacionadas. Agregaron que si los $ 8.538 millones que totalizan los “acreedores varios” corresponden principalmente a boletas de garantías, debería precisarse esa información en una nota a pie de página, lo que en este caso no sucede.
El delicado panorama financiero había sido difundido ampliamente a fines de 2013 y principios de 2014, cuando miembros del Senado Universitario de la casa de estudios advirtieron que la deuda del hospital había superado los $ 40 mil millones. El rector de ese entonces, Víctor Pérez, propuso como medida para reducir el endeudamiento contraer un leaseback -vender el recinto a una agencia de leasing para suscribir un contrato de arrendamiento financiero sobre el mismo-, lo que fue rechazado en enero de 2014 por el Senado. Tras ello, se dijo que se buscarían otras alternativas para enfrentar este tema.
El J.J. Aguirre es uno de los hospitales más importantes del país, no sólo por formar a casi un tercio de los especialistas a nivel nacional, sino también por la magnitud que posee. De acuerdo a una presentación interna del recinto, en materia de prestaciones médicas en 2015 se realizaron 450.000 consultas, hubo 37.000 egresos y se efectuaron 20.000 cirugías. En tanto, el personal está compuesto por más de 600 académicos y cerca de 2.700 funcionarios.
Este medio intentó contactar al director del hospital, Jorge Hasbún, pero el profesional dijo tener problemas de agenda.
Impacto para la universidad
Un aspecto llamativo en la evolución de la situación financiera del J.J. Aguirre es el fuerte aumento que ha experimentado la deuda con el fondo general de la casa de estudios. De acuerdo a los estados financieros, al cierre de 2010, esas obligaciones totalizaban $ 3.765 millones, en tanto que a fines del año pasado ascendieron a $ 34.669 millones. Lo anterior representa una fuerte expansión de 820% y de $ 30.904 millones.
“Este problema se extiende ya por largo tiempo sin que la Universidad haya logrado consensuar e implementar adecuadamente una estrategia de solución viable”, cita la presentación que realizó Manzur ante el Consejo Universitario.
Además, proyectó un déficit de $ 4.210 millones para el hospital para el presente ejercicio. Considerando que esto es suplido con recursos provenientes del fondo general, estimó que el monto acumulado de los recursos adeudados por el hospital con ese fondo bordeará los $ 40.000 millones al cierre de 2016. Este fondo se forma en base a los aportes que realizan las unidades que generan utilidades, como la Facultad de Ciencias Físicas y la Facultad de Economía y Negocios, entre otras.
En este contexto, la presentación de Manzur advirtió que “cuando la caja de la Tesorería Universitaria se vea comprometida en su operatoria normal para sostener la operación normal y cotidiana de la Universidad, se deberá girar de las líneas de crédito para financiar estas necesidades de caja del Hospital, o en su defecto, descontar a todos proporcionalmente (cuenta de ajuste para cada unidad)”.
Rafael Epstein entregó una mirada distinta del tema. “Me cuesta decir que es deuda, considerando que el hospital y la universidad son lo mismo. De hecho, tienen el mismo RUT. Me gustaría decir que es una inversión del fondo general de la universidad en el hospital”, expresó.
También descartó que esta situación afecte las finanzas de la casa de estudios. “Esta institución financieramente es sana, se maneja de manera estricta con sus dineros. Si alguna de las unidades académicas que aporta recursos al fondo general llegara a necesitar los dineros que ha depositado en el fondo, no tendríamos problemas para responder ante esa situación. Obviamente que nos gustaría tener $ 37.000 millones en la caja, pero bueno el hospital tiene $ 37.000 millones en cuentas por cobrar”, sostuvo.
Sobre este tema, la comisión ad-hoc señaló en su informe que una de las causas del aumento responde a que los ingresos operacionales del hospital no le alcanzan para financiar los gastos ligados a personal. Detalló que cerca del 63% del gasto operacional mensual se destina a remuneraciones.
Por esta razón el organismo debe acudir a recursos provenientes del fondo general. De hecho, precisa el documento, en 2015 un 26,9% de los gastos en personal fueron cubiertos por la universidad, lo que implicó un monto total de $ 11.603 millones en todo el año y un promedio mensual de $ 966 millones.
La comisión ad-hoc
La situación del hospital clínico ha sido un tema de preocupación permanente para el Senado Universitario de la Casa de Bello. De hecho, a fines de 2011 la instancia creó la Comisión ad-hoc Hospital Clínico, para realizar un diagnóstico sobre la materia. Así, a mediados de 2012 la comisión entregó un informe [Léelo aquí] dando cuenta de una serie de falencias en el recinto ligadas a organización y gestión, aspectos económicos y de financiamiento, entre otros.
Cuando asumió el nuevo Senado para el período 2014-2018, se decidió mantener vigente la comisión, en vista de que los problemas del hospital persistían, según explicó Abraham Pizarro, secretario de la instancia y actual vicepresidente de la Federación de Asociaciones de Funcionarios de la Universidad de Chile (Fenafuch).
De este modo, luego de casi dos años de trabajo y análisis -donde entrevistaron a 13 actuales y ex autoridades del hospital y de la casa de estudios, entre ellas, al director del recinto, Jorge Hasbún- la instancia emitió un informe en junio de este año, el que arrojó diversas críticas y observaciones.
“Si el diagnóstico está claro y lo está desde hace tiempo, la pregunta que cabe realizar es por qué los problemas no solo siguen existiendo, sino que se han ido agravando significativamente en el curso de los últimos años”, cuestionó el documento.
Añadió que “la explicación parece ser que los problemas son estructurales y las soluciones que se han estado implementando hasta ahora, han sido claramente insuficientes. Se ha venido aplicando siempre la misma fórmula de “contención de la deuda” -con algunos matices distintos – pero sin cambios sustanciales que permitan generar resultados diferentes”, añade el informe.
Junto con ello, enumeró ocho problemas estructurales que, a su juicio, persisten y son los causantes del endeudamiento. Uno de ellos -cita el documento- consiste en que “desde el punto de vista de su administración, el Hospital parece conjugar lo peor del mundo público y del privado: como entidad pública está sometido a múltiples trabas burocráticas y a pesar de ser estatal por pertenecer a la Universidad de Chile, no recibe mayores aportes del Estado”.
Esto ocurre porque en 1994 el Servicio de Salud Metropolitano Norte tomó la decisión de excluir al J.J. Aguirre de la red pública de salud, por lo que dejó de recibir aportes directos del Estado. Esto, a su vez comenzó a generar la deuda del recinto pues tuvo que empezar a autofinanciarse, señaló Pizarro.
Uno de los factores en el que hace mayor énfasis la comisión es en la denominada vinculación médica. Para paliar los bajos sueldos y evitar un mayor éxodo de académicos, se creó un sistema de incentivos económicos, donde se le pide un piso mínimo de prestaciones a cumplir en su horario contratado, consigna el informe. Así, cada prestación que supere ese piso, significa un ingreso extra para el académico, el que percibe un porcentaje del valor de ésta, quedando el porcentaje restante como ganancia para la institución. Por ejemplo: 30% de ganancia para el académico y 70% para la institución.
En tanto, una vez cumplido el horario contratado, el académico puede seguir realizando prestaciones en el marco de un horario “extra-funcionario”, donde recibe por ellas un porcentaje mayor que en el horario funcionario. Por ejemplo: 45% el académico y 55% la institución.
Si bien la idea es incentivar que el académico se quede después de su horario contratado, produciendo el máximo de prestaciones posible, implica un problema, remarcó la comisión. Como el porcentaje recibido durante el horario extra-funcionario es mayor que en el horario contratado, “resulta obvio que muchos académicos decidan disminuir sus horas contratadas al mínimo”, detalló en el informe. Por ello, resaltó que “la vinculación fomenta entonces el horario parcial de trabajo” y tiene un impacto de 18% del total del gasto en remuneraciones.
¿Qué medidas se tomaron a partir del informe? Según Pizarro, secretario de la comisión ad-hoc, “después de que emitimos el informe le enviamos 36 preguntas al director del hospital, pero hasta el día de hoy no ha respondido a nuestras consultas. Y a nivel de universidad pasa lo que muchas veces ocurre con estos informes: entra por un zapatito roto y mañana te contamos otro. No se toman las medidas que corresponden y tampoco han emitido una opinión formal al respecto”.
Incluso acusó que han enfrentado bloqueos desde autoridades del recinto y de la universidad para difundir los resultados del informe.
Las medidas
En medio de las críticas de la presentación de Manzur y de la comisión ad-hoc, Epstein aseguró que la dirección del hospital ha tomado medidas para mejorar la situación financiera, donde, entre otras cosas, se comprometió a implementar una política de austeridad. La autoridad universitaria explicó que esta política consiste en tres pilares. Uno de ellos es eliminar todos los gastos posibles. El otro se basa en el “respeto a la fuerza de trabajo”, pues, remarcó, este costo no lo han pagado los trabajadores. En tanto, el tercer pilar se trata del fuerte compromiso que ha adquirido con el recinto todo el personal, incluyendo doctores, enfermeras, personal técnico y personal de apoyo, entre otros.
“Creo que hay un hecho sustantivo. En lo que va del año ya tenemos utilidad operacional de $ 1.500 millones, aumentamos en 10% los ingresos, tenemos plata en el cajón y utilidad contable. Este año bajamos la deuda. El Estado evaluó el proyecto y decidió invertir en equipamiento”, manifestó.
En efecto, el Gobierno se comprometió a entregar cerca de $ 10.600 millones a la universidad, con el fin de que los destine para la compra de equipamiento del hospital. Esto se hizo en el marco del convenio que tiene la casa de estudios con el Ministerio de Salud y la presidenta Michelle Bachelet lo dará a conocer este lunes.
Abraham Pizarro no estuvo de acuerdo con la versión de Epstein. “El convenio con el Minsal no apunta al problema principal del hospital y no resolverá el problema de la deuda. Acá hay que hacer un cambio mayor, más estructural”, cuestionó. Añadió que, desde su punto de vista, la entidad tiene tres grandes problemas a resolver: regularizar el cuadro académico y la sobre dotación de personal, equilibrar los ingresos y los egresos, y también definir e implementar una mejor gobernanza.
En este escenario, estimó que la situación del hospital a fines de este año será más crítica. “Uno no percibe que esta situación se esté regularizando, más allá de que el Consejo Universitario redujo el monto que le puede pedir el recinto al fondo general de la universidad: desde los $ 11.603 millones que le entregó el año pasado hasta $ 4.800 millones para este año”. Agregó que “el hospital venía pidiendo entre $ 900 millones y $ 1.000 millones mensuales al fondo general para pagar sus remuneraciones. Con esta nueva medida el monto baja a cerca de $ 400 millones mensuales. Esto nos genera dudas sobre cómo el recinto podrá suplir los recursos que dejará de recibir”.
Informe Segunda Comisión Ad-hoc 2014 by BioBioChile on Scribd
