Dos médicos de Kazajistán fueron acusados de asesinato en su país debido a un controvertido caso. Ambos habrían dejado morir a un bebé, que aún movía su cuerpo, debido a que ya habían escrito los certificados de defunción.

El hecho habría ocurrido en la morgue del hospital de Atyrau (Kazajistán), siendo el médico jefe y uno de los asistentes los involucrados.

Según detalla el diario español ABC, el bebé habría nacido con serias complicaciones de salud, por lo que los profesionales indicaron a la familia que tenía nulas posibilidades de sobrevivir.

Al parecer, ambos habrían apurado la realización de los certificados de defunción del pequeño, por lo que lo clasificaron como muerto, estando aún con vida, y lo llevaron a la morgue.

Lo más grave del caso es que en ese momento el médico jefe del lugar, Kuanysh Nysanbaev, habría ordenado introducir el cuerpo del lactante en uno de los contenedores fríos, pese a que aún movía sus piernas, estima la Fiscalía.

Kuanysh Nysanbaev
Kuanysh Nysanbaev

El cuerpo fue encontrado por otro trabajador del recinto horas más tarde. En ese momento se conoció el crimen, debido a que el certificado interno del hospital indicaba que había muerto hace horas y había sido entregado a sus padres, situación que no ocurrió.

En el caso estaría involucrado un obstetra que trabaja en conjunto con Nysanbaev, quien según el citado medio es investigado por la justicia del país por casos de soborno.

“Después del nacimiento, el bebé fue registrado de forma negligente como un niño muerto. Después de dar señales de vida, los médicos, en lugar de tomar medidas urgentes, decidieron actuar de acuerdo con la documentación ya emitida, dijeron que había nacido muerto y lo metieron en la morgue”, detalló el fiscal Shyngys Kabdula.

El persecutor agregó: “El bebé murió en el congelador porque los médicos no deseaban corregir el error en el computador”.

Por lo pronto, desde el Hospital de Atyrau ofrecieron disculpas públicas a la familia afectada y separaron de sus cargos a los dos profesionales, quienes arriesgan una pena que puede llegar a los 20 años de cárcel.