La apertura de la institución matrimonial a parejas integradas por personas del mismo sexo se consumará en Costa Rica a más tardar en 2020. Este pasado jueves, el Tribunal Constitucional de ese país centroamericano emitió un fallo que obliga al Congreso a hacer las reformas necesarias en un máximo de dieciocho meses.
Si el Parlamento desacata la sentencia de esa corte o tarda más de un año y medio en hacer las enmiendas requeridas, quedarán derogadas automáticamente las tres normas que de momento sólo posibilitan la unión civil –matrimonial o de hecho– de un hombre y una mujer: los artículos 14 (inciso 6) y 242 del Código de la Familia, y el artículo 4 (inciso M) de la Ley de la Persona Joven.
Aunque no es la nación latinoamericana más avanzada en lo que respecta al reconocimiento de los derechos de los gays, las lesbianas, las personas bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI), Costa Rica ha hecho progresos considerables, sobre todo en comparación con Estados vecinos como El Salvador, Guatemala y Nicaragua.
En Costa Rica, los ciudadanos transgénero e intersexuales pueden cambiar oficialmente los nombres recibidos al nacer por otros acordes con sus identidades de género, la información alusiva al sexo de nacimiento ha sido eliminada de los documentos de identidad, y las parejas homosexuales tienen acceso a ciertos beneficios otrora reservados para las heterosexuales.
El temor a la derecha populista
No obstante, las organizaciones que defienden las reivindicaciones de la comunidad LGBTI han criticado el fallo del Tribunal Constitucional costarricense, alegando que, en lugar de ejercer su autoridad y poner fin de inmediato a una discriminación injustificable, la corte le dio más de setenta semanas a un Congreso donde abundan los conservadores para que modernice la legislación nacional.
Los activistas LGBTI –cuyas demandas cuentan con el respaldo del presidente de Costa Rica, el socialdemócrata Carlos Alvarado– tienen razones de sobra para temer que, en ese lapso, los diputados opositores convoquen a protestas populares contra la moción de legalizar el llamado “matrimonio igualitario”.
Eso fue lo que hizo el populista de derecha Fabricio Alvarado –principal rival de Carlos Alvarado en la última campaña electoral– cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos instó a Costa Rica a reconocer las uniones civiles entre personas del mismo sexo a principios de este año.
“Yo creo que la sentencia del Tribunal Constitucional terminará siendo cumplida porque, por primera vez en la historia del país, el Ejecutivo es apoyado por una coalición de partidos que acapara la mayoría de los escaños en el Congreso. Las fuerzas progresistas dominan el Parlamento. Sin embargo, los populistas de derecha van a ofrecerle resistencia a la apertura de la institución matrimonial”, dice Sebastian Huhn.
“Fabricio Alvarado y su partido, Restauración Nacional, no deben ser subestimados; ellos no perderán la oportunidad de movilizar a sus seguidores y a las fuerzas más reaccionarias de la nación, dentro y fuera del Congreso, para que rechacen el fallo del Tribunal Constitucional de Costa Rica”, agrega Huhn, investigador de la Universidad de Osnabrück especializado en Derechos Humanos.
También Javier Corrales, profesor de Ciencia Política en el Amherts College de Massachusetts, entiende las aprensiones de la comunidad LGBTI. “Al abordar el tópico del matrimonio igualitario, los políticos conservadores tienden a articular discursos que atizan los gestos y los actos de violencia homofóbicos y transfóbicos”, lamenta.
Dieciocho meses, tiempo prudente
Aun así, tanto Huhn como Corrales ven con buenos ojos el hecho de que a los legisladores costarricenses se les haya dado tiempo para discutir la materia. “Es positivo que se les haya puesto un plazo, porque para nadie es un secreto que los parlamentarios costarricenses proceden muy lentamente. A mi juicio, dieciocho meses es un lapso razonable para que las reformas legales por hacer sean debatidas cabalmente y los prejuicios homofóbicos sean refutados. Desde luego, espero que se impongan los mejores argumentos, que están en manos de los sectores ilustrados del país”, sostiene el experto de Osnabrück. Para el especialista de Massachusetts, la corte costarricense ha actuado correctamente.
Corrales trae a colación lo ocurrido en Estados Unidos después de que tribunales de diferentes estados se pronunciaran a favor de la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo. Las decisiones de varios magistrados fueron tachadas de ilegítimas y fueron apeladas frente a instancias superiores bajo la tesis de que no habían sido producto de procesos consultativos ni de debates legislativos, sino de la arbitrariedad de jueces puntuales con agendas políticas individuales.
“Por eso me parece conveniente la solución intermedia de la corte costarricense; ella les da a los legisladores la posibilidad de ‘adueñarse’ de la reforma legal, si así lo quisieran”, arguye Corrales, cofundador de Timeline, un proyecto digital editado de manera colaborativa que recopila los sucesos políticos más importantes en la historia de las comunidades LGBTI de América Latina y el Caribe.
