Dos casos públicos de filtración de fotos y videos íntimos fueron dados a conocer la semana pasada en Chile, en ambos se vieron afectadas exfiguras televisivas e incluso personas que estuvieron ligadas al ámbito de la política.
A estos se suman miles de acontecimientos más privados que ocurren día a día en nuestro país. En la mayoría, son exparejas quienes se han convertido en víctimas de filtraciones de material, como producto de una venganza mal intencionada.
Lo cierto es que el Gobierno de Chile introdujo una nueva indicación al proyecto de Violencia en el Pololeo, la cual tiene como objetivo tipificar como delito la exhibición sin consentimiento de estos contenidos en Internet y redes sociales (Facebook y WhatsApp).
En específico, la Ministra de la Mujer y Equidad de Género, Isabel Plá, consignó a El Mercurio que el avance de Internet hace que situaciones como estas deban ser analizadas con mayor cuidado por las autoridades.
“La principal herramienta (del proyecto) es que le pone una carga social a las agresiones que hoy no la tienen y que pasan desapercibidas prácticamente en el Código Penal. Hoy si un pololo maltrata a su polola, si hay violencia en dos personas que no conviven, no tiene ninguna sanción ante la Ley”, indicó.
El proyecto de Violencia en el Pololeo fue ingresado al parlamento durante el año 2013, en el primer gobierno de Sebastián Piñera. En ese momento, se buscaba tipificar como delito solamente las agresiones físicas que existieran entre parejas que no tuvieran una relación de convivencia.
“Hemos tenido varios casos en las últimas semanas de personas que publican en las redes sociales fotografías u otro tipo de objetos que lesionan la dignidad de las personas, y son fotografías que fueron obtenidas además en el marco de una relación de confianza, o sea traicionan además la confianza”, consignó Plá.
Desde el propio Gobierno indicaron que la idea de sancionar la violencia cometida en relaciones de pareja que no conviven es advertir “sobre la necesidad de instalar la problemática entre los jóvenes del país para sensibilizarlos a construir relaciones sanas y libres de violencia”.
Específicamente, se busca “sancionar a los culpables y otorgar a las víctimas las mismas medidas de protección contenidas en la Ley de Violencia Intrafamiliar y demás normas aplicables, con el propósito de persuadirlas a denunciar”.
