La alcaldesa de un pequeño pueblo francés llamado La Gresle decretó en los últimos días una medida extrema para criticar a su sistema de salud. Desde ahora, nadie podrá morir en sus hogares los días sábado, domingo y días feriados.
Isabelle Dugelet, jefa comunal que impulsó esta ordenanza, explicó sus motivos en conversación con el medio Le Progrès, indicando que es “una medida absurda para un sistema absurdo”.
Dugelet tomó esta decisión luego de enterarse que, el pasado 1 de diciembre, una familia demoró dos horas en encontrar un médico que certificara la muerte de uno de los miembros. Aquel trámite es obligatoria para comenzar los preparativos para los funerales.
“Lo sucedido es una falta de respeto por los difuntos y sus familiares. El concejo comunal toma esta medida para denunciar una situación sanitaria catastrófica en nuestro pueblo y en pueblos limítrofes”, indicó.
La mujer indicó que, en la actualidad, el sistema de salud pública está pasando por una profunda crisis, la cual se ha notado aún más en los pueblos, donde existe escasez de profesionales y especialistas.
“Las personas tienen dificultad en encontrar un médico y a veces deben recorrer muchos kilómetros para hacerse atender por uno”, indicó la alcaldesa.
“Hay muchas preocupaciones en nuestro pueblo, pero la salud es el principal. Estas son áreas rurales olvidadas y desde hace años hablo con muchos políticos para encontrar soluciones, pero nada cambia”, repasó.
Isabelle Dugelet explicó finalmente que la medida, que fue aprobada de forma unánime por el concejo municipal, será de carácter indefinido, al menos hasta que existan más médicos a disposición de la población.
“Si los problemas para conseguir un médico de cabecera, o simplemente para ser tratado, son cada vez más críticos, ahora será necesario elegir su momento para morir, o bien elegir la forma pública en que el Servicio de Atención Médica de Urgencia tiene la obligación de intervenir”, cerró.
Cabe señalar que Francia actualmente vive una encrucijada a raíz de la reforma de pensiones que impulsa el régimen de Macron, proyecto que ha generado profundo descontento social y gran cantidad de desmanes en las ciudades más importantes.
El objetivo anunciado era simplificar el sistema actual y eliminar las desigualdades que genera. Sin embargo, este jueves tiene lugar en toda Francia una fuerte movilización contra esta reforma.
Entre los regímenes especiales se encuentran los de la RATP (red de transportes parisinos), la SNCF (red nacional de transportes ferroviarios) o EDF (electricidad), que representan a más de 300.000 personas, y otros más confidenciales, como los de la Comedia Francesa (teatro nacional), la Ópera de París o el Banco de Francia. Según Gerald Darmanin, ministro de Cuentas Públicas, cada año, el Estado devuelve 8.000 millones de euros al fondo para mantenerlos en equilibrio. Y es para poner fin a estos regímenes especiales que el Ejecutivo quiere ahora fusionarlos en un sistema “universal” de puntos.
