Diversas organizaciones medioambientales están denunciando casos de ballenas muertas en la Patagonia chilena a raíz de la actividad marítima industrial que hay en estas regiones. Además, no se ha hecho justicia debido a la lentitud con la que avanzan estos casos una vez denunciados.

Greenpeace acusa que, un año después de haber acudido a la justicia por dos ballenas jorobadas juveniles que murieron en áreas protegidas de Aysén y Magallanes, las investigaciones siguen abiertas y sin responsables.

Mientras tanto, el Centro de Conservación Cetacea y el Centro Ecoceanos hacen presión a Sernapesca para que entregue antecedentes sobre el caso del buque Antarctic Endeavour, de la empresa Pesca Chile S.A. que ya mató a dos ballenas jorobadas juveniles en menos de 15 meses mientras recogía krill antártico.

Recordemos que, las ballenas jorobadas migran cada año a la Patagonia para alimentarse y refugiarse hasta su época de reproducción, pero últimamente, en lugar de encontrar comida, se topan con grandes amenazas como la pesca industrial y la salmonicultura, actividades que abundan en el sur.

De hecho, este año, un estudio reveló que Chile es el país con la mayor tasa de mortalidad de ballenas por colisiones con embarcaciones en la última década, pese a la normativa ambiental, como la Ley 20.293, por ejemplo, que modifica a la Ley General de Pesca y Acuicultura para proteger a los cetáceos.

“Lamentablemente, los procesos asociados a varamientos y muertes de fauna marina en Chile avanzan con lentitud: existe poca coordinación entre instituciones, falta de capacidades técnicas en quienes llevan las causas y recursos muy limitados para realizar estudios científicos en terreno”, dijo a BiobioChile, Roxana Nuñez, abogada y encargada de incidencia Greenpeace Andino.

“A eso se suma la complejidad de operar en zonas remotas de la Patagonia y la necesidad de análisis especializados. Todo esto retrasa la entrega de conclusiones sólidas. Por eso insistimos en fortalecer la capacidad del Estado y mejorar los protocolos, porque la protección de especies tan vulnerables como las ballenas no puede seguir esperando”, agrega.

Greenpeace acusa a las salmoneras

Tras la muerte de dos ballenas jorobadas juveniles en áreas protegidas, el Parque Nacional Laguna San Rafael (Aysén) y en la Reserva Nacional Kawésqar (Magallanes), Greenpeace Chile interpuso dos querellas, acusando que fue producto de la actividad humana en la zona por las salmoneras que se encuentran allí.

Ahora, la organización recogió nuevos antecedentes que, según señalan en un comunicado, “refuerzan la hipótesis de interacción humana directa y revelan graves vacíos institucionales en la respuesta de las autoridades frente a muertes de fauna marina, incluso dentro de áreas protegidas”.

Greenpeace dice que las necropsias de los individuos describen lesiones compatibles con redes o cuerdas, mientras que los registros aportados por las empresas resultan parciales e incompletos. También advierten señales de manejo temprano e inadecuado de evidencias.

“Estas ballenas viajaron miles de kilómetros buscando refugio y encontraron grandes amenazas, jaulas, embarcaciones y negligencia estatal. Un año después, las empresas salmoneras siguen sin entregar toda la información y la justicia aún no da una respuesta”, apunta Nuñez.

Esto ocurre justamente después de que entrara en vigencia la Ley N° 21.595, desde 2023, que establece penas de hasta 10 años de cárcel y multas millonarias por afectar gravemente áreas protegidas o ecosistemas marinos, permitiendo sancionar penalmente a las empresas.

“Hoy existe una ley que castiga a quienes destruyen ecosistemas protegidos, pero la pregunta es si se aplicará cuando los responsables son grandes compañías“, cuestiona Nuñez.

“La falta de acción y coordinación de las autoridades amenaza con convertir esta ley en una promesa, más que en una herramienta real de justicia para la naturaleza”, añade.

Ballenas muriendo por colisiones en la Antártica

Por su parte, el Centro de Conservación Cetacea y Centro Ecoceanos, están exigiendo transparencia con la investigación por la captura y muerte de una ballena jorobada que ocurrió el pasado 25 de marzo, por el buque factoría Antarctic Endeavour.

Según detallan, el incidente ocurrió durante sus operaciones de pesca de krill en las cercanías de las islas Orcadas del Sur (Península Antártica). Además, en enero de 2024, ya había ocurrido un caso similar.

Las organizaciones piden que Sernapesca entregue antecedentes completos de esa denuncia penal y también del informe técnico que determinó la presunta comisión de un delito bajo la Ley General de Pesca y Acuicultura.

En su comunicado, también solicitan acceso a las actas de fiscalización e inspección del buque Antarctic Endeavour para ambos casos.

“El historial de reincidencia del Antarctic Endeavour, con dos casos de muerte de ballenas jorobadas en menos de dos años, eleva la gravedad de los hechos como también la urgencia de una respuesta institucional contundente tanto a estos eventos fatales como a nuestra solicitud de entrega de información”, expresó por su parte Elsa Cabrera, directora ejecutiva del Centro de Conservación Cetacea.

La ballena que murió en marzo, estaba interactuando cerca de la embarcación que recogía krill, uno de sus principales alimentos. Luego, apareció muerta en la red de arrastre del buque.

De acuerdo con Ecoceanos, “el mamífero marino presentaba la mandíbula ensangrentada y sus pliegues gulares estaban repletos de krill. Tras constatar la captura, el capitán del Antarctic Endeavour no realizó ningún procedimiento científico ni activó los protocolos de emergencia requeridos en estos casos, sino que ordenó arrojar el cuerpo del cetáceo al océano para continuar con las faenas de pesca”.

¿Qué pasa con las ballenas muertas en la Patagonia?

BiobioChile consultó a Sernapesca por el estado de estos casos, quienes afirmaron que por su parte ya han puesto las denuncias y entregado a Fiscalía toda la información requerida. Por lo tanto, el avance de estas investigaciones está en manos del Ministerio Público.

Roxana Nuñez, de Greenpeace, dice que “si bien ha existido una buena disposición de parte de la Fiscalía, el avance ha sido lento”.

“Vemos que no existen protocolos establecidos para atender este tipo de delitos, en especial, por ejemplo, respecto de la realización de necropsias y el manejo de los cuerpos, que sabemos constituye evidencia esencial para la investigación. Ha quedado bastante claro que las causas de muerte de las ballenas fue por acción humana, pero aún restan diligencias para poder determinar a los culpables”, añade.

El medio intentó contactarse con la Fiscalía de Magallanes, pero hasta el momento del cierre de esta nota no se ha obtenido respuesta.

Desde Greenpeace también señalan la importancia de ocupar las vías legales ante estos casos, “es sumamente relevante darles uso, para generar conciencia sobre lo grave de este tipo de situaciones. Matar una ballena constituye un delito, más aún cuando se trata de una especie en peligro y esto ocurre en un área protegida”, señala Nuñez.

“Lamentablemente, hasta ahora estas situaciones se han normalizado y no se les ha tomado el peso que corresponde“, concluye.