Fotografía: Ailen Díaz | Agencia Uno

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  • La Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (Compin) está en el ojo del huracán luego de diferentes protestas que han reclamado por la lentitud en el pago de licencias médicas, como también por diversas irregularidades al interior del organismo público. Ahora, una de sus exfuncionarias recurrió a la justicia para denunciar que fue alejada de su puesto tras denunciar presuntas irregularidades que sobrepasan los $2.500 millones.

    La Seremi de Salud Metropolitana enfrenta una denuncia de tutela por vulneración de derechos fundamentales con ocasión de despido, declaración de existencia de relación laboral, cobro de indemnizaciones de perjuicios, y otras prestaciones e indemnizaciones laborales, por parte de una exfuncionaria, a quien no se le renovó el convenio a contrata a fines de noviembre de 2018, tras presentar una licencia médica que fue otorgada por el Instituto de Seguridad Laboral (ISL).

    Se trata de Tábata Venegas, quien comenzó a trabajar el 21 de junio de 2013 en la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (Compin) de la Subcomisión Sur Oriente. En agosto de 2017 -según su relato- denunció a las autoridades correspondientes que existían presuntas irregularidades en el pago de licencias médicas, sin embargo, acusó que no la tomaron en cuenta.

    En marzo de 2018 realizó una tercera denuncia a las actuales autoridades, ante lo cual le pidieron la máxima información de respaldo para que iniciara una investigación formal. De acuerdo a Venegas, le tenía que entregar los datos al asesor de Gabinete de la Seremi de Salud RM para que él los comunicara.

    Por orden de sus superiores, en abril de 2018 se le ordenó dedicación máxima para obtener los antecedentes de estas presuntas irregularidades en el pago de licencias médicas. De acuerdo a su relato, habría detectado anomalías en el pago de ellas por una suma cercana a los $2.560.129.558. Dentro de esto habría encontrado -por ejemplo- licencias médicas autorizadas irregularmente por administrativos, pago por plazos excesivos y alteración en el cálculo del pago de ellas.

    “Hasta donde yo investigué habrían ocurrido muchas irregularidades de distintas índoles, como autorizar licencias médicas por parte de administrativos y no de médicos”, acusó Tábata Venegas. En tanto su abogada, Daniela Subiabre, relató que “tenía acceso a toda la información de la Compin. Ella las revisaba y podía verificar si eran aceptadas por un médico o derechamente por alguien administrativo, las razones de los rechazos e incluso licencias médicas pagadas fuera de plazo”.

    De acuerdo a la denuncia que interpuso en el Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, para desarrollar esta investigación la afectada tenía reuniones a las 8:00 horas afuera de su lugar de trabajo, además acusa que debía recolectar información sin que nadie la viera, ni se enterara. En medio de esa indagatoria también habría sido víctima de acoso sexual y laboral por parte de sus superiores.

    Uno de ellos le habría insistido que se reunieran en lugares en los cuales no fueran vistos por sus colegas, le hacía preguntas personales, la llamaba constantemente -incluso antes de empezar su jornada laboral- la invitaba a viajar, le pedía cada vez más información del sistema e incluso habría intentado besarla. Además, acusa que otras personas ya no la saludaban y la destinaron a trabajar a Atención de Usuario, sin estar capacitada para el cargo.

    Según la denuncia que presentó la afectada, sus propios compañeros de trabajo se referían a ella como “la sacadora de vuelta” al no hacer las labores que tenía oficialmente asignadas. Tras el paso de algunas semanas, Venegas denunció por escrito este acoso sexual el 9 de julio de 2018, dirigida al jefe de gabinete de la Seremi de Salud. Luego la reiteró el 12 de octubre de 2018.

    En la denuncia se relata que en julio de 2018, el jefe de gabinete y el encargado de buenas prácticas laborales se reunieron junto a Venegas para informarle que “sería trasladada al Subdepartamento de Recursos Humanos, con la condición de que olvidara todo lo investigado sobre irregularidades de licencias médicas y también la denuncia de acoso sexual”. Sin embargo, a “modo de castigo”, no la habrían trasladado.

    El 6 de noviembre sufrió un colapso emocional, por lo que asistió al Instituto de Seguridad Laboral (ISL) para presentar una Denuncia Individual de Enfermedad Profesional debido a que se sentía constantemente perseguida, acosada, insegura, con ganas de llorar y dolor de cabeza. Tras asistir a atención médica con una psiquiatra, el 15 de noviembre se le otorgó licencia médica Tipo 6 (enfermedad profesional) por 21 días.

    No renovación

    Sin embargo -de acuerdo a la denuncia-, el 30 de noviembre de 2018 le notificaron en su domicilio particular la Resolución Exenta N°1777, en la que la Seremi de Salud decidió no renovar su empleo a contrata, fundado en una “deficiente evaluación del servicio relativo a un abuso de licencias médicas y atrasos reiterados”.

    La defensa de Venegas acusa que siempre obtuvo buenas calificaciones, salvo -en el último período- en puntualidad en el horario de ingreso. Esto, debido a “las reuniones ‘secretas’ que debía sostener con sus superiores fuera de las oficinas en la investigación de las irregularidades en el pago de licencias médicas, las que no podía justificar oficialmente”, según la denuncia.

    Luego de haber sido desvinculada decidió iniciar la denuncia contra el organismo apuntando al no pago de las licencias médicas. De acuerdo a lo relatado por la víctima a BioBioChile, las licencias correspondientes a noviembre y diciembre sí se las pagaron. Sin embargo, según su testimonio, la Compin autorizó la de enero como enfermedad profesional, pero no la enviaron al ISL para que se la pagaran, la de febrero no le dieron trámite y desde marzo a la fecha se las han devuelto. “Hacen alusión a que no tengo vínculo laboral”, explicó Venegas.

    La abogada Daniela Subiabre explicó que “estamos demandando por un tema de tutela por acoso laboral y por la existencia de relación laboral. La Seremi negó toda la existencia del vínculo y que esto no sería un contrato de trabajo. Respecto a la tutela, negó que la persona que haya hecho este acoso haya sido parte de la seremi. Negó todas las acusaciones e investigaciones”.

    En tanto la afectada indicó que “tengo una patología causada por el trabajo que yo efectuaba (…) por algo se me recibió y autorizó la licencia de enero. Son continuas desde noviembre, no es algo que yo presenté después que ellos no me renovaran la contrata”, acusó.

    Además, explicó que con esta denuncia busca “que se haga justicia, que se hagan las cosas como corresponden. Encuentro ilógico que se me enferme y a consecuencia de todo lo que ocurrió no se me renueve la contrata. No se hacen cargo de los pagos de mis remuneraciones. Me encuentro sin dinero estando con licencia médica por un ente que es un organismo administrador del tema de los accidentes laborales y enfermedades profesionales”.

    Respuesta a denuncia

    Desde la Seremi de Salud Metropolitana y el Ministerio de Salud descartaron referirse al tema debido a que se encuentra en etapa judicial.

    Sin embargo, en la contestación a la denuncia aseguraron que no se ha verificado un despido vulneratorio de derechos fundamentales.

    Esto explicado bajo que “el vínculo jurídico que unió a la actora con el Fisco de Chile es estatutario de derecho público, lo que excluye la aplicación del Código del Trabajo”. Además, negaron que en la decisión de poner término anticipado a su vinculación a contrata no se haya tomado en consideración un procedimiento objetivo y racional, y rechazaron la existencia de actos o conductas vulneratorios por parte de la demandada y sus funcionarios.

    El organismo reclama que uno de los acusados de acoso no figura como funcionario “bajo ninguna calidad contractual de la Seremi de Salud RM al tiempo de la desvinculación de la actora”, ya que se habría ido el 31 de marzo de 2014. Sin embargo, la defensa de Venegas presentará pruebas para refutar aquello.

    Dentro de su defensa también indican que las acusaciones de acoso habrían ocurrido en una fecha anterior a su desvinculación, por lo que “debieron haber sido denunciados en su oportunidad si se considera que la presente denuncia es con ocasión del despido”. De acuerdo a su respuesta, la demandante no habría utilizado el mecanismo dispuesto para denunciarlos.

    “No existe ninguna denuncia formal por parte de la actora conforme lo exige el Protocolo de Denuncias de Acoso Laboral y Sexual, toda vez que estas se han hecho en términos ‘verbales’; o bien a través de ‘correos electrónicos’ dirigidos a funcionarios que no son competentes para recepcionar este tipo de denuncias”.

    Con respecto a los atrasos, sostienen que “(la denunciante) señala haber asistido a reuniones ‘secretas’ fuera de la seremi en el desarrollo de la investigación por las licencias médicas irregulares, de las cuales ningún funcionario del servicio tiene conocimiento, ya que el mismo libelo no indica quiénes concurrían a estas reuniones, en qué contexto y dónde se realizaban”.

    El caso registró su primera audiencia en marzo, instancia en la que se fijó una próxima para octubre de este año, en la que la parte demandante busca que se compruebe que el despido fue “injustificado, indebido e improcedente” y se pague una indemnización por años de servicio.

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