Seis ingenieros civiles industriales de la Universidad Arturo Prat (UNAP) de Iquique se hastiaron. Desde que dejaron de ser estudiantes arrastraban una sensación amarga, ya que los trabajos de titulación de su autoría fueron usados como propios por académicos de la misma casa de estudios. La operatoria era simple: los profesores tomaban las tesis y se ponían en primer lugar como autores del texto y quienes habían realizado la investigación como meros colaboradores.
La operatoria ocurrió al menos por diez años, pero Álvaro Neira, Ángela Madariaga, Jonathan Belmar, José Ulloa, Catalina Williams y Christopher Zeballos dijeron basta y presentaron una querella el 4 de octubre pasado ante el Juzgado de Garantía de Iquique por los delitos de robo de propiedad intelectual y asociación ilícita.
El libelo está dirigido en contra de Alberto Martínez actual decano de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura; Hugo Rodríguez, jefe de la carrera de ingeniería; Marianela Llanos Ortiz, directora de docencia y Evadil Ayala, director de calidad.
En la acción legal -que publica la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío– los profesionales explican que el reglamento de la UNAP establece que para optar al título profesional se realiza una trabajo final -en conjunto con un profesor guía- y quien debe suscribirlo debe ser el “autor principal” del texto para luego ser evaluado.
“ (…) los denunciados a través de una perfecta organización y coordinación, imponían otras reglas para el envío de los artículos (para ser publicados en revistas científicas (…) y no podíamos en ningún caso figurar como ´autores principales`, pues ello correspondía a los docentes guías de la investigación”, se lee en el cuerpo del texto.
Instancia ficticia
Algunos de los afectados por esta situación, hasta ahora no han podido hallar una copia de su trabajo, tampoco saben si fueron publicados en revistas científicas, ni menos pueden incluirlos en sus currículum, ya que en la forma fue otro el que lo desarrolló.
Un caso aún más grave le ocurrió a la entonces estudiante Ángela Madariaga. Junto a otros compañeros realizaron un estudio sobre calidad del servicio, en una empresa de recauchaje. Quien firmó como autor fue el profesor Hugo Martínez, pero ella fue sencillamente borrada del texto, ya que se negó a ceder los derechos de propiedad intelectual.
Los académicos querellados usaban una figura conocida en la universidad como LGR-UNAP, cuya finalidad era publicar los trabajos en revistas del ramo.
“Sin embargo, dicha institución fue consultada a través de la Ley de Transparencia, y confirmada por el propio denunciado sr. Hugo Rodríguez, que no existía, teniendo sólo el
carácter de ‘ficticia’”, sigue.
A través de los abogados Anibal Griño y Rosse Muñoz, solicitaron que la Fiscalía de Iquique, donde quedó incoado el caso, trabaje con la Brigada de Delitos Económicos (Bridec) y, entre otras diligencias, se incauten los computadores de los académicos imputados para que sean periciados y obtener así los correos electrónicos.
Actualmente, la UNAP realiza un sumario interno para establecer administrativamente los hechos.
El querellado Alberto Martínez, actual decano de la carrera, postula a ser rector de la UNAP, mientras es investigado por la fiscalía. Las elecciones se realizan en noviembre.
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