IFE de invierno y cuentas de luz

El presidente Boric había cerrado inicialmente la puerta para realizar transferencias a través de un nuevo IFE durante este invierno, esgrimiendo que ello implicaría sumar más elementos a la presión inflacionaria que vive el país. Algo similar ocurre con el apoyo al proyecto de ley para el sexto retiro y los sectores más vulnerables están clamando por ayuda.

Por otro lado, en el Congreso se aprobó el mecanismo para paliar las alzas en las cuentas de electricidad que se estima superior al 40% a contar del mes de julio. Esto es muy relevante toda vez que la energía eléctrica tiene un impacto transversal en la economía.

De acuerdo al último reporte de la CNE, hay 7,3 millones clientes regulados y la propuesta del Gobierno busca beneficiar al 90% de los clientes residenciales y pequeños comercios que consumen menos de 350 kWh mensuales con un fondo máximo a recaudar con un tope de USD 1.000 millones y un aporte cercano a USD 20 millones anuales del Estado durante una década.

Sin embargo, según estimaciones, este último monto implicaría entre USD 1 a USD 2 de subsidio por MWh, equivalente a menos del 10% del total del alza proyectada. ¿Qué hacer entonces con el faltante por cubrir?

Si el supuesto es que el Gobierno descartó un nuevo IFE por efectos inflacionarios, que durante la administración anterior supuso un costo de USD 8.760 millones, se podría pensar en otra alternativa. Resultaría totalmente viable utilizar una parte de ese monto para contribuir al fondo de estabilización de tarifas eléctricas e ir en beneficio de los clientes residenciales e incluso pymes, de subir el límite de consumo mensual. Incluso se podrían resolver los saldos adeudados por la ley de estabilización del 2019.

Los beneficios de esta medida van desde un menor impacto en la inflación, una correcta focalización en la entrega de recursos y, sobre todo, evitar el duro golpe al bolsillo de miles de hogares y pymes por el alza en sus cuentas de electricidad.

Las políticas públicas deben resolverse con recursos públicos y esta alternativa me parece razonable y compatible con el foco de gestión inflacionaria, otorga una señal potente de estabilidad regulatoria, es administrativamente más eficiente, no desincentiva el uso de energías limpias ni perjudica a las empresas generadoras renovables más pequeñas. Pongámonos rojos una sola vez.