Esta reforma tributaria pretende sacar más dinero de tu bolsillo y el proyecto de nueva Constitución pretende hacer más grande el Estado. Si no hablamos de eficiencia del gasto público ahora, ese dinero que cada día te esfuerzas por ganar irá a un saco roto.
Ya se conoce el contenido de la reforma tributaria, cuya tramitación comenzó esta semana en la Cámara de Diputados y que el gobierno de Boric espera que sea rápida.
En cuanto a los famosos diálogos ciudadanos, estos resultaron ser nada más que una pantomima para dar apariencia de conversación a esta reforma. La evidencia de ello es que -por ejemplo- sólo dos de las 75 organizaciones que participaron de las audiencias públicas propusieron un impuesto al patrimonio, pero de todas formas el Ministerio de Hacienda lo incorporó en la reforma, claramente por un factor ideológico.
En la columna anterior planteaba la interrogante de si ya es hora de que le pidamos al Estado que la calidad de sus servicios mejore, pues esta reforma es la más ambiciosa en recaudación de nuestra historia y las consecuencias -aunque lo nieguen- nos afectarán a todos y no sólo a los más ricos como siempre hacen pensar al ciudadano común.
Sobran ejemplos respecto a la necesidad de una modernización de los servicios del Estado. En materia de impuestos, la página del SII al momento de la operación renta de abril sufrió caídas, sobre todo los primeros días, lo que hizo que el trámite fuese más lento de lo deseado.
Asimismo, tampoco se entiende que el Registro Civil sólo funcione hasta las 14:00 horas, considerando su importancia en materia de registro de nacimientos, muertes, matrimonios, identificaciones, pasaportes y transferencia de vehículos, que son tan dinámicos como la vida misma.
Podríamos seguir y seguir con varios ejemplos de un Estado que requiere una urgente modernización para estar a la vanguardia de los tiempos, y cuya eficiencia puede repercutir en el ahorro de recursos económicos o destinar dichos ahorros a otras necesidades.
La Encuesta Suplementaria de Ingresos del INE muestra que el sueldo promedio en Chile de los ocupados -dependientes e independientes- es de $505 mil mensuales. Mientras que los empleados de la administración pública ganan en promedio $787 mil, es decir, 55% más que la media nacional. Los funcionarios estatales se ubican como el tercer sector mejor pagado, por encima de 13 actividades, y sólo están por debajo de la minería y del sector financiero. En otras palabras, el Estado gasta $2,5 millones mensuales, en promedio, por trabajador.
Se ha establecido un sistema de Alta Dirección Pública para la selección de cargos, pero aún quedan muchos que se escogen de manera discrecional por el Gobierno o la autoridad de turno en el gobierno nacional, regional y municipal, quedando los sueldos de estos puestos de confianza a criterio o descriterio de quien está a cargo, desajustando la tabla de sueldos e impidiendo un trabajo continuo en la labor estatal, ya que la continuidad laboral de los funcionarios queda sujeta a los vaivenes políticos.
El debate respecto a la modernización del Estado debe ser ahora, más aún si se pretende discutir y aprobar esta reforma tributaria tan agresiva, que sin incentivos no va a recaudar lo pretendido por el Gobierno, y que sin duda provocará varios cambios de domicilio tributario entre quienes tienen mayor capital…y una vez que se vayan las inversiones será muy difícil que regresen.
