En una columna publicada recientemente en este mismo medio, el exdirector del Servicio Nacional de Migraciones, Álvaro Bellolio, vinculó a una banda de crimen organizado con una supuesta mala gestión migratoria del gobierno actual. Estas interpretaciones son odiosas e incorrectas, y contribuyen solo a la criminalización de la migración.
Es innegable que en Chile se han consolidado bandas criminales de alto calibre y que ello debe ser prioritario para la autoridad. Sin embargo, tampoco puede negarse que las propias restricciones migratorias que impuso el gobierno, donde participó el Sr. Bellolio, propiciaron este escenario, al menos en parte.
Esto porque imponer visas consulares frente a altos flujos migratorios desde Haití y Venezuela, aunque válido en abstracto, en lo concreto forzó a cientos de personas a entrar por pasos no habilitados al país, pues no podían esperar la tramitación de la visa en su país de origen. Esto se agravó con la lentitud de los procesos y alta tasa de rechazos, y a fines de 2020 se le sumó el cierre masivo e ilegal de solicitudes de visa de responsabilidad democrática.
Así, cientos de personas quedaron a disposición de bandas criminales transfronterizas, que no hicieron sino aprovechar la situación para sus actividades delictuales, como trata de personas y tráfico de migrantes. A nadie disuadieron las 122 expulsiones efectuadas por el gobierno anterior en el marco del “Plan Colchane”, menos a estas bandas, y los ingresos irregulares siguieron en aumento.
Por lo dicho, la crítica respecto a la falta de expulsiones del actual gobierno es incorrecta. Expulsar a personas sin antecedentes penales, de manera ilegal como lo hacía la administración anterior, no ayuda de manera alguna a frenar el actuar delictivo de peligrosas bandas criminales. Para ello, las autoridades deben usar herramientas correctas y específicas; entre ellas, propiciar el ingreso de personas migrantes por vías regulares que sean factibles de utilizar.
Por último, simplemente es falso decir que la autoridad actual está regularizando a todas las personas que ingresan al país por paso no habilitado. Quienes defendemos los derechos humanos de migrantes -y trabajamos especialmente con personas vulnerables como mujeres víctimas de violencia, niños y niñas y sus familias, población LGBTIQ+, entre otras- esperamos que la autoridad actual priorice la regularización migratoria, pero también que se persiga a quienes cometen delitos y al crimen organizado. El llamado es a no desinformar y a poner el foco donde corresponde.
