Los últimos años han estado signados por la pandemia causada por la Covid-19 que ha atravesado absolutamente todos los ámbitos de la vida de las personas, en cada una de las ciudades del planeta, poniendo en jaque el sistema sanitario, comercial, económico y político.
No obstante ello, los desafíos planteados por la Agenda 2030 de Naciones Unidas, recogidos en cada uno de los 17 objetivos de desarrollo sostenible y visibilizados a través de sus 169 metas relacionados con la paz, la prosperidad, el planeta, las personas y los partenariados o alianzas, están vigentes y piden a gritos ser tratados.
El año 2022 nos interpela más que nunca y los responsables de gestionar las ciudades no pueden estar ajenos a estos conceptos, aunque sus responsabilidades parezcan estar circunscritas a lo local.
Hoy es políticamente incorrecto que los y las intendentes no se refieran a la Agenda 2030 o que gestionen sin un plan de metas de gobierno transversalizado por los objetivos de desarrollo sostenible.
El 9no. Foro Urbano Mundial en Kuala Lumpur del año 2018 congregó a numerosos gestores locales y organizaciones relacionadas a los gobiernos locales que debatieron estos temas, en todas sus aristas y con el lema Listen2Cities (Escuchen a las ciudades) llegaron a interesantes conclusiones, que con una pandemia de por medio, deben seguir intentando aplicar.
Fundamentalmente a partir de allí se ha acordado trabajar en alianzas para que los gobiernos nacionales reconozcan el papel de los gobiernos locales en el diseño de políticas y agendas internacionales; tal como recomienda Naciones Unidas, promoviendo un ecosistema de fondos con el trabajo de diferentes sectores de la ciudad que posibilite el accionar internacional de las ciudades.
Es en las ciudades donde se tiene la capacidad técnica y política para hacerlo, pero se necesita el fortalecimiento de las capacidades económicas y financieras, y ahí radica la importancia que tienen la redes de gobiernos locales para generar mecanismos de cooperación descentralizada y financiamiento de proyectos de cooperación Sur-Sur, así como para activar todos los instrumentos que permitan afrontar las nuevas responsabilidades que exceden la tradicional responsabilidad de la gestión local.
Los Intendentes e Intendentas de nuestras regiones tienen grandes desafíos y problemáticas comunes a enfrentar, que hacen nuestras ciudades menos seguras, vulnerables e inequitativas: las migraciones forzadas, la violencia urbana, la sobreexplotación de recursos, el cambio climático, la discriminación y la desigualdad de ingreso y de género; y tienen la responsabilidad de exigir que sean abordados en debates globales.
Para ello, una de las tareas será seguir promoviendo la gobernanza interna, propiciando la participación ciudadana y el involucramiento de las organizaciones y ciudadanos en los temas de agenda y garantizar el Derecho a la Ciudad, construyendo espacios para todos y todas con perspectiva de género (que ya no tendría que ser un tema de debate). Por otra parte, y sin dudas, la lucha contra la corrupción y una mayor transparencia en la gestión pública, que permita el acercamiento a la ciudadanía y la construcción de gobiernos abiertos y confiables.
Si los objetivos se fueran concretando y si escucharan a las ciudades, las políticas públicas serían diseñadas pensando en las agendas “que interesan” para hacer ciudades justas, inclusivas y sostenibles y en los ciudadanos, a quienes les impactan esos temas de debate que al final, no son tan globales.
