La semana pasada el pleno de la Convención aprobó la creación de un sistema nacional de salud de carácter “universal, público e integrado”, que pasó al borrador de la nueva Carta Magna. Pero… ¿Es posible en la práctica? Veamos dos ejemplos de cómo está actualmente nuestra política de salud pública.
Hace tres años el expresidente Sebastián Piñera anunció la construcción de un recinto asistencial con el propósito de descongestionar los hospitales San José y Roberto del Río. El recinto se construiría en Colina, actualmente se baraja construir en Conchalí y a esta altura no hay ninguna piedra puesta.
En diciembre del año 2021, la Unidad de Investigación de BioBioChile accedió vía Transparencia a los números que engrosan la lista negra de la salud chilena: 1,8 millones de usuarios esperan ser llamados para que los revise un especialista, y más de 334 mil anhelan concretar su cirugía.
Entonces, si vemos que al Estado le cuesta que salgan cosas en tiempo y forma, imagínense si le comenzamos a sumar más responsabilidades.
Además, esto hace a la gente cada vez más irresponsable.
Se ha confundido el hecho de que una cosa tenga que ser universal y que todos puedan acceder a ella -lo que es bueno en el caso de la salud o la educación- con que la entrega de estos servicios deba estar en manos del Estado, como un monopolio. Esta idea afecta y erosiona el concepto de democracia, donde cada persona podría o debería poder escoger el tipo de salud o el tipo de educación que quiere para sí mismo y para su familia.
La idea del acceso universal por parte del Estado debiera ir en crear mecanismos para que aquellas personas que no la pueden pagar, y por tanto no pueden acceder a una buena salud o educación, reciban la ayuda necesaria.
No obstante, en vez de eso, queremos obsesionarnos con un Estado de bienestar que lo que busca no es la igualdad de oportunidades, sino que la igualdad de resultados, que además de ir contra la libertad individual, es algo tremendamente caro y terminará generando un gran problema de gasto público, que luego se tendrá que financiar con deuda e inflación, afectando los bolsillos de los ciudadanos.
Es muy importante garantizar estos derechos, su entrega y su calidad. Pero esa calidad es imposible de garantizar sin los beneficios que otorgan los procesos de mercado, que son herramientas para asignar recursos, para innovar y para hacer eficiente la gestión.
Con que exista un sistema universal de salud nos beneficiamos todos, pero no será así si se concreta lo que plantea la Convención, pues es necesario que exista la competencia entre talentos y que los mejores participen del sistema.
Si se llega a hacer realidad la propuesta constitucional, esto se traducirá en un Estado que tendrá que endeudarse para obtener dinero que finalmente los políticos que administran el Estado usarán para su beneficio y con un perjuicio para los más pobres, quienes estarán obligados a recibir una salud de baja calidad. No digan luego que nadie se los advirtió.
Finalmente, como decía Coco Legrand en una de sus rutinas respecto al pensamiento chileno: “para qué vamos a hacer las cosas bien, si podemos hacerla como las w…..” La Convención Constitucional en esto ha dado cátedra.
