La presencia de los derechos sociales en la nueva Constitución –probablemente la demanda más sentida de la crisis social de 2019– supone ser una buena noticia y motivo de celebración para la ciudadanía. Bajo la tesis instalada de que estos son la principal razón por la que el proyecto sería aprobado en el plebiscito de salida, es fundamental preguntarse primero cómo estos se harían exigibles por las personas, ya que necesariamente requieren de una institucionalidad fuerte y herramientas efectivas que hagan posible su provisión.
Al respecto, la principal idea que ha surgido en la Convención consiste en la creación una acción de tutela –la que fue rechazada en el pleno de la Convención– que tiene por objeto simplemente reclamar ante la justicia cualquier acción u omisión que prive o perturbe el ejercicio de los derechos fundamentales, sin distinción alguna. En cuanto a los derechos sociales –educación, salud, vivienda, pensiones–, estos están intrínsecamente condicionados a contar con recursos jurídicos y económicos, por lo que esta solución consistiría simplemente en traspasar problemas típicamente políticos a los tribunales, lo que conlleva problemas graves.
Primero, la judicialización de los derechos sociales tiende a generar expectativas imposibles de cumplir, pues las necesidades son infinitas y los recursos –por definición– son limitados. Basta señalar que en Chile el déficit de vivienda supera las 500.000 unidades y va al alza, o que para asegurar rápidamente pensiones “dignas” y universales, la billetera fiscal simplemente no alcanza.
Además, hay suficiente literatura para sostener que esta fórmula de asegurar derechos sociales, en lugar de ser una solución de justicia, tiende a generar más desigualdad, pues las personas que tienen las herramientas para judicializar sus anhelos no son precisamente los más pobres del país.
En este contexto, no hay que ser adivino para entrever que de las primeras cosas que harán los ciudadanos con la nueva Constitución será ir a tocarle la puerta con emoción al gobierno o los jueces por sus anhelados derechos. Y entonces: ¿Quién responderá a esas demandas?
En definitiva, la solución propuesta no parece ser razonable y tampoco será aceptable que los derechos se conviertan en una mera declaración de intenciones. Todo esto en el contexto de que existen modelos alternativos exitosos que fueron desechados prácticamente sin discusión por los convencionales. Entonces, corresponde hacer un llamado a la responsabilidad, ya que no es justo seguir jugando con los sueños y esperanzas de los chilenos.
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