El Pacto Tributario corre el riesgo de ser más un robo legalizado, que un acuerdo entre el Estado y los ciudadanos. Aquí te cuento por qué.
Durante las últimas semanas hemos escuchado a gente cercana al Gobierno en materia de impuestos hablar acerca del pacto tributario y también a asesores que llegan al Gobierno afirmando que trabajarán por este nuevo pacto. Además, la reforma tributaria ha sido señalada como la prioridad número 1 del Gobierno.
Vamos por parte. Según la RAE, un pacto es un concierto o tratado entre dos o más partes que se comprometen a cumplir lo estipulado. Por ende, en este nuevo pacto tributario entre el Estado y la ciudadanía, debiera verse beneficiado el Estado y los chilenos y chilenas.
La realidad es que en un principio se hablaba de que este pacto tributario sería con los grandes empresarios para que estos pagaran mayores impuestos, pero con el tiempo ha derivado a una revisión del impuesto al trabajo a nivel general, ya que hace un par de días Mario Marcel señaló: “Global Complementario, impuesto a la renta, recauda sólo un cuarto de los ingresos tributarios. Muy bajo en relación a la OCDE”.
Para hacer efectivo lo anterior, el Gobierno puede eliminar el tramo exento de 13,5 UTA, ingreso anual hasta $8.775.702, o comenzar a subir la tasa a los impuestos superiores o eliminando franquicias tributarias que tienen las personas, las que le permiten acceder a ciertas mejoras en su vida, mejor escolaridad para sus hijos, vivienda o mejorar la pensión.
En este último tiempo se han presentado planes y propuestas, que han sido adornados por medio del lenguaje, intentando tener un nombre que suenen bien, integrador, inclusivo, etc. Pero en algunos casos esconden una realidad negativa y que afectan a la población y es precisamente esto lo que pasa con el término Pacto Tributario.
Se nos pide entregar mayores recursos a un Estado que hemos visto que no es capaz de garantizar lo mínimo que se pide, como la seguridad de sus habitantes, que producto de la inflación, ya sufren una pérdida de sus ingresos mensuales y que a nivel anual ya va en cerca de un 8%, con un gran porcentaje de la población con escasa o nula posibilidad de acceder a una casa propia y además en el caso de la clase media casi sin ayudas estatales.
En anteriores reformas, como la del 2020, a la ciudadanía se le entregó un catálogo de derechos y recursos para que esta se defienda ante posibles abusos de la autoridad tributaria. ¿Qué es lo que se le ofrece ahora?: Nada.
Un Estado que se muestra ineficiente en el ejercicio de sus deberes, que es burocrático y que no puede entregar respuestas a las personas y además sin una propuesta de modernización a la vista, como respuesta a un aumento de impuestos, hace que este pacto tributario más que un acuerdo entre el Estado y la ciudadanía buscará legalizar un robo a la gente por vía de impuestos, que afectará los ingresos de las personas, la inversión y crecimiento económico, profundizando un estancamiento.
