El 10 de diciembre se conmemora el día de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDDHH), suscrito el año 1948 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, con el propósito de respetar y reconocer la dignidad de toda persona independientemente de su nacionalidad, raza, clase, género, idioma, credo, entre otros (ONU, 1948). Estos derechos inalienables deben defenderse y, son los diversos países, quienes deben dinamizar estos preceptos en sus constituciones, leyes y normativas en perspectiva de construir y vivir en sociedades más dialogantes, equitativas y fraternas, de manera de ir transitando hacia mundos más habitables donde la empatía, reciprocidad, amabilidad, alteridad, justicia y colaboración se constituyan en ejes éticos y andamiajes de humanidad. Lo anterior, significa vislumbrar horizontes de transformación que operen desde los preceptos y prácticas que permitan efectos amplificadores, que inspiren la protección, la reparación y el sostenimiento de territorios y de sus habitantes en vistas de sociedades respetuosas.
Ya han transcurrido 73 años en que Chile firma la DUDDHH y otros acuerdos sucesivos como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966, denominados DDHH de segunda generación y, los Derechos de los Pueblos que surge en la década de los ochenta llamados DDHH de tercera generación. ¿Qué ha sucedido en Chile desde ese lejano 10 de diciembre de 1948?
Se podría afirmar que los derechos humanos (DDHH) se problematizan en Chile con la dictadura cívico-militar. A través de esa peripecia los connacionales aprendimos lo que era la violación de los derechos fundamentales, cuya constatación fue la devastación de una nación: detenidos desaparecidos, torturados, asesinados, perseguidos, exiliados y diversas faltas de libertades civiles, entre otros abusos. Las heridas de la dictadura y la memoria social que se construyó en torno a los DDHH han dejado diversas tareas pendientes que no se lograron alcanzar con los gobiernos de la transición. Si bien se organizaron comisiones para el esclarecimiento de la verdad, todavía hay 1.201 casos de detenidos desaparecidos que aún no se sabe su paradero, por lo tanto, existen más de mil familias en Chile en donde la violación a los derechos humanos sigue como una herida abierta (Equipo ES, 2018). A esto hay que sumar todos los casos en que no se desplegaron actos reparatorios o políticas públicas que pudiesen contrarrestar el daño realizado.
Por este motivo, es comprensible en el contexto del estallido social muchas/os chilenas/os al ver a los militares en la calle debido al estado de excepción hayan rememorado los fatídicos acontecimientos del año 1973 con el golpe militar. Estos acontecimientos suscitaron en las familias diálogos intergeneracionales, pues niños y jóvenes demandaban de los mayores los relatos de las vivencias de la dictadura para así comprender el proceso político social de Chile y el descontento histórico de las personas que se manifestaban. Tal es la sorpresa al descubrir que la memoria política de Chile no había sido transmitida suficientemente a las nuevas generaciones, pues la recuperación de la democracia y las libertades civiles no las consideraban una conquista, ni menos estaba en su léxico conceptos como toque de queda o estado de excepción, ni menos el de violación a los DDHH.
Como resultado del estallido social del 18 de octubre del 2019, se levanta un gran acuerdo nacional cual es la Asamblea constituyente, donde una nueva Constitución para Chile está en proceso de redacción por un grupo de constitucionales elegidos por la ciudadanía, sin embargo, no podemos olvidar que durante las manifestaciones se violaron los derechos humanos por acciones de instituciones del Estado. Así, según el informe del Instituto Nacional de Derechos Humanos del año 2019 entre el 17 de octubre y el 30 de noviembre se vulneró el derecho a la vida, a la integridad personal, el derecho a la libertad personal, la seguridad individual, la libertad de expresión, las violaciones a domicilio y los allanamientos (INDH, 2019). Es decir, en un mes y medio se concretaron diversas violaciones a los DDHH fundamentales. A esto se agregan las demandas de derechos de segunda y tercera generación que el estallido social busca revindicar, como es el tema de las pensiones justas, el derecho al beneficio de los recursos naturales, la dignidad de los trabajadores, la calidad en la educación y la salud, la reivindicación de los pueblos originarios, igualdad de acceso a los recursos tecnológicos, entre otros.
Ahora bien, se podría afirmar que este movimiento social transversal tuvo un paréntesis con el advenimiento de la pandemia del covid-19, que se ha prolongado durante los años 2020 y 2021, sin embargo, esta pandemia ha evidenciado aún más las tremendas brechas y desigualdades sociales y económicas que denunciaba el movimiento ciudadano del 18-O. Del mismo modo, se ha evidenciado las diferencias evidentes en los estratos sociales en el tratamiento de la pandemia en lo que respecta a la vacunación masiva, resguardo por cuarentenas, políticas sociales, hacinamiento, teletrabajo, telestudio, entre otros.
A su vez, es pertinente plantear que estamos viviendo una crisis sociosanitaria debido a la pandemia, lo que lleva necesariamente a cuestionarnos respecto del cuidado de la ecología y el ecosistema. Solo por colocar algunos ejemplos de atentado a la naturaleza nombramos los siguientes: experimentación con seres vivos, contaminación generalizada, enfermedades respiratorias, asentamientos urbanos en lugares protegidos para la protección de especies de la flora y la fauna, devastación de pulmones verdes, extractivismo feroz, deforestación, utilización de combustibles fósiles, mercados trasnacionales que generan zonas de sacrificio y que luego recogen su capital levitando hacia otros territorios susceptibles de destruir. Todas estas situaciones son gravísimas y están naturalizadas porque han colocado en jaque la vida de todas las especies, provocando el cambio climático que ha generado un auto-boicot a la vida, experimentado por tantos siglos y décadas sin importar las repercusiones temporales y permanentes. Esto atenta contra los derechos humanos de tercera generación que declara la facultad de todas las personas a vivir en un ambiente libre de contaminación y, con sistemas que propendan al bienestar y calidad de vida resguardando la dignidad.
Todo lo anterior emplaza éticamente al país, a través de sus instituciones de Estado, a resguardar los DDHH de primera, segunda y tercera generación. Desafío no menor, puesto que esta conmemoración de la DUDDHH nos encuentra en el balotaje de la elección presidencial donde pugnan dos racionalidades y propuestas que no han convencido del todo al país, lo cual queda demostrado en la exigua votación de la ciudadanía que sólo alcanzó el 47%. Ciertamente, la realidad país que vivimos es compleja porque estamos habitando una existencia atravesada por múltiples factores críticos, entre ellas podemos nombrar: (a) económicas, debido a un sistema capitalista neoliberal a ultranza; (b) sistema social jibarizado e hiper focalizado en políticas compensatorias que operan con exclusiones numéricas y algorítmicas; (c) sistema de salud inequitativo y que lidia con una pandemia mundial; (d) sistema educativo que no ha logrado gratuidad universal, ni calidad, pues está centrado en la instrucción más que en la formación; (e) sistema político que oscila polarizado en propuestas y programas de gobierno que tensionan lo público, y muchas veces, con acciones y tratativas que riñen con la ética que, incluso, ha vendido, arrendado y permutado el país sin escrúpulos, en lo que se refiere a los servicios básicos, tales como la electricidad y el agua, además de otros recursos naturales que han sido cedido a extranjeros o vendido sus derechos a privados.
Ahora bien, es necesario señalar que el resguardo de los DDHH no es sólo responsabilidad del Estado, sino que también de todos los y las ciudadanas, puesto que no sólo se predican- practican de modo vertical, es decir, desde los organismos estatales a las personas naturales, sino también de modo horizontal entre los y las personas. A modo de ejemplo, como lo señala la tercera generación de DDHH, toda persona tiene derecho a la coexistencia pacífica y, en este sentido, todos y todas somos responsables de la construcción de un país en paz.
Este proceso de co-responsabilidad no se puede realizar si existe desconocimiento de los DDHH y los procesos históricos que Chile ha vivido al respecto. Así, la pregunta que se levanta es, si desde la educación formal, se ha formado en DDHH, es decir, si se han realizado procesos de construcción de una memoria reconciliada, donde surja la verdad histórica, la valoración de las narrativas de las víctimas, el reconocimiento de las faltas, el perdón institucional de aquellos que hicieron mal uso del poder y valorar a aquellos que, desde su lugar, ayudaron al respeto de los DDHH y a la reconstrucción de la democracia.
Creemos que esta educación está en deuda en los distintos niveles de educación del país, es por este motivo que, frente a una nueva conmemoración de la DUDDHH, es necesario asumir que es un imperativo ético gestionar una renovada educación en DDHH, que permita construir el país desde el respeto de la dignidad de cada una de las personas que habitan en él. Se debe comenzar con una educación cívica en la educación primaria y secundaria, no obstante, se han realizado experiencias de educación ciudadana, sin embargo, más allá de las dificultades que puede presentar este plan dentro del curriculum escolar, parece que es una educación de segundo nivel, donde se ha dejado de lado enfrentar la violación a los derechos humanos, la memoria y la reconciliación como instancias que permite asumir la historia reciente del país. Por su parte, las instituciones de educación superior realizan diversas opciones en su formación valórica, elecciones que se relaciona con su propio proyecto educativo, pero no necesariamente responde a un plan nacional de educación en DDHH. También habría que incorporar las instituciones de las fuerzas armadas y de orden que también dentro de su formación deberían incluir la formación en DDHH. Si esto no se realiza, si no existe la voluntad política para realizarlo, nos quedaremos sin la conciencia de co-responsabilidad en el resguardo de los DDHH y todo lo que se construya quedará sin fundamentos sólidos, con el peligro de que en cualquier momento se violen los DDHH fundamentales.
Como se puede apreciar, existen inmensos desafíos para nuestro país. El llamado es a aprender, a revertir, prepararnos, propiciar la igualdad de oportunidades, derribar las barreras de género, sociales y educativas, para abordar este contexto pandémico y post-pandémico en medio de reivindicaciones ciudadanas. En ese sentido, los DDHH se constituyen en un pivote para asumir sistémicamente, intersectorialmente e intergeneracionalmente los desafíos de crear mundos más vivibles y respirables, como un compromiso mínimo común que debiesen asumir todos los pueblos y naciones. Pero esto, no sólo se debe a realizar a nivel macro, sino que también los cambios se realizan desde abajo, es decir, si en cada rincón de nuestra patria no se viven relaciones alternas desde la perspectiva de DDHH es muy difícil que estos mínimos de convivencia se terminen encarnado y asumiendo como parte de nuestra identidad como país.
Dra. Sonia Brito Rodríguez
Universidad Autónoma de Chile
Dra. ©. Lorena Basualto Porra
Universidad Católica Silva Henríquez
