¿Tiene devoluciones de impuestos retenidas?; ¿no le entregan información oportuna sobre sus procesos de revisión?, ¿cree que el SII o el SNA le aplican cobros o multas en exceso o mal calculadas, entre otras medidas que le parecen altamente arbitrarias?

Si es así, bienvenido al gran sector de contribuyentes que, no teniendo los recursos para contratar grandes Estudios Jurídicos o rimbombantes Consultoras Internacionales, deben enfrentarse día a día con fiscalizadores de la Hacienda Pública que resuelven miles de casos, muchas veces sin consideración alguna a sus propias instrucciones o, lo que es más grave, en contra de la propia ley.

Tal vez logre algo de alivio al saber que no está sólo en su batalla personal; ni en Chile ni en el mundo. En los años noventa la Organización para el Desarrollo Económico (OCDE), realizó estudios que determinaron graves injusticias en la aplicación de las potestades del cumplimiento fiscal por parte de varios países miembros, y los llamó a subsanarlo de inmediato.

Sin embargo, Chile, en ese entonces era solo un invitado (o candidato del Club), sin reconocimiento como tal aún. Para lograr ser parte del exclusivo OCDE, nuestro país debió cumplir, en tiempo récord, una serie de importantes medidas o requisitos para entrar, entre los que se encontraba la creación de Tribunales Tributarios y Aduaneros Independientes en cada Región del país y cuatro en la Metropolitana, bajo la siguiente premisa: serían independientes, letrados, especializados, gratuitos, de fácil acceso y capaces de resolver sus casos en base a la incipiente Sana Crítica.

Pese a ello, la difusión de estos órganos de justicia poco o nada se publicitó, y, luego de varias reformas, la justicia parece hoy estar volviendo –lamentablemente- al propio acusador (tan solo basta ver la ley 21.210 para darse cuenta).

Lo cierto es que los TTA son una de las más subestimadas y atacadas instituciones públicas, que permiten dar real balance a los procesos entre el fisco y los contribuyentes que no pueden tocar la puerta de las altas autoridades y pedir una audiencia. Y, sin embargo, los TTA están ahí, en silencio, observando y lamentando cómo una oportunidad única y la gran imposición de la OCDE, se diluye en normas y más normas que les impiden cada vez más consolidarse como los verdaderos garantes del poder del Estado frente al ciudadano, en el ámbito impositivo. Todo esto, aún siendo una valida alternativa para miles de empresas que no cuentan con un staff de abogados que puedan defender sus intereses, y que piensan que les espera un sinuoso y largo camino para obtener un trato fiscal y una justicia tributaria justa.

Pero aquí está el tip para quienes tienen una PYME y luchan permanentemente con que sus platos de porcelana no caigan al piso, cual malabarista chino: Los TTA tienen poder por sobre Impuestos Internos y la Aduana juntas, y la facultad de usar la fuerza pública en caso de que cualquiera de ellos incumpla sus resoluciones, y así lo ha hecho en numerosos casos.

Al contrario de lo que se ha divulgado, estos son gratuitos y cumplen con mayores estándares de calidad que otros organismos públicos, en especial los ya mencionados SII y SNA. Pero eso no es todo, gozan de libertad de prueba, es decir que, si el SNA o el SII presenta un informe de un Fiscalizador, el afectado puede presentar un Informe de un Perito; si se presentan documentos puede objetarlos, llevar testigos, pedir inspecciones o audiencias con los jueces, y una innumerable cantidad de beneficios que iremos analizando a futuro

La justicia existe para todos, solo debemos encontrarla, porque a veces es esquiva y lenta, pero existe, para todos los emprendedores y pequeños empresarios, que la piden a gritos.

Por Iván Cifuentes Concha,
Director de Cifneg Consultores.