Una vivienda digna es una carencia vital que afecta a muchas más familias que las que hoy se contabilizan en los déficits asociados a la vivienda; detrás de los números se esconden graves problemas que afrontamos y también las posibles soluciones que tenemos que enfrentar en este campo que cada día se hace más crítico entre los chilenos y en especial en la Región Metropolitana.
Para ser claros, una política regional efectiva debería hacerse cargo del déficit de más de 300 mil viviendas que afecta mayoritariamente a las familias de menores ingresos. Todo esto a pesar de los subsidios de la actual política habitacional, que por otra parte debe hacerse cargo de las más de 19 mil familias en 138 campamentos que claramente son un riesgo y vulneran gravemente la calidad de vida de las personas y en especial de los niños y niñas.
Paralelamente a las cifras del déficit habitacional deben ser tomadas en cuenta las cifras de cesantía, la caída y precarización de los ingresos familiares durante el año 2020 producto de la pandemia, y la caída de la clase media en lo que se ha llamado vulnerabilidad que también se expresa en el problema habitacional. Por lo mismo, cualquier solución debe ir en la búsqueda de estándares de calidad que garanticen los derechos del habitar: vivienda de calidad, emplazamiento en barrios con acceso local a servicios, abastecimiento y áreas verdes, con adecuada conectividad y transporte público.
Lo paradojal es que hoy se tienen los instrumentos para diseñar e implementar soluciones. En primer lugar, en la Región Metropolitana hay cuantiosos sitios fiscales sin construir, a los que podría sumarse un importante volumen de terrenos en administración de organismos públicos para abordar la renovación urbana del habitar buscando maximizar los impactos positivos en las comunas a través de acuerdos de programación de inversiones con sus autoridades.
En segundo lugar, los recursos de la actual política habitacional de subsidios y compra de terrenos podrían enfocarse en estos objetivos sin que se requiera aumentar significativamente los recursos actualmente disponibles. Para poner en práctica soluciones se requiere que la gestión de los terrenos fiscales y de los recursos asociados a la construcción de vivienda y barrios sean traspasados al Gobierno Regional para abordar, a lo menos, tres temas con urgencia: a) densificación urbana con integración y calidad para la vivienda social, es decir detener la expansión hacia la periferia y ahorrar recursos ficales; b) construcción de vivienda social para arriendo a precios sociales a las familias vulnerables, es decir revertir la instalación de campamentos e invertir en la recuperación de ingresos de las familias como transición a la vivienda propia; y c) el Plan Regional de Ordenamiento Territorial y los planes comunales deben articularse en torno al propósito de potenciar la ciudad como un bien común. Además, las metrópolis como Santiago requieren que el Estado Central colabore con las regiones diseñando instrumentos tributarios que generen equidad en el uso del suelo y desincentiven la especulación inmobiliaria y colonización de las áreas ecológicas de las cuencas donde se emplazan las ciudades.
Este es el marco inicial de decisiones para situar a las personas como vector de la inversión y la gestión pública en la ciudad, la ciudadanía demanda necesariamente un gobierno que ponga atención real en los intereses comunes y la justicia. El propósito y el desafío es que la ciudadanía acceda a habitar sus derechos.
