El 27 de octubre en el Parlamento, fue defendida la idea de crear un cupo para las personas discapacitadas en el seno de la Convención Constitucional. El que este tema haya sido discutido en el mismo momento en que se considera la necesidad de reservar un número de escaños a representantes de los pueblos originarios, da pie a una confusión que no puede ser sino inoportuna habida cuenta de la extrema complejidad del proceso constituyente que estamos viviendo.

Digo confusión, porque se trata de problemáticas esencialmente diferentes, que deben ser distinguidas con el mayor rigor, so pena de dañar la validez de ambas reivindicaciones.

La legitimidad de la presencia de los Pueblos Originarios en la Convención Constitucional no merece duda alguna, pues se trata de ciudadanos que, a pesar de preexistir a la República en el territorio actual de Chile, han sido privados de sus derechos más fundamentales, por razones de orden político, económico, cultural, etc. Su presencia en la instancia suprema de la soberanía ciudadana es un derecho inalienable, que por lo demás, ni en el mejor de los casos, reparará mínimamente el daño que la República ha infligido a estos conciudadanos nuestros.

La discapacidad, por su parte, no es una calidad ciudadana que caracterice a un segmento de la población, que deba expresarse políticamente mediante una representación en la Convención Constitucional.

La indeclinable tarea de mejorar la condición de las personas discapacitadas en todos los dominios de la sociedad, debe ser asumida por los distintos dispositivos del Estado en conformidad con políticas sectoriales, cuyo ámbito institucional no es una Convención Constitucional, sino el conjunto de los servicios públicos que componen la administración estatal.

Aunque ampliamente insuficientes, no han sido pocos los progresos legislativos y reglamentarios que han permitido mejorar el acceso de las personas discapacitadas a mejores niveles de rehabilitación, de inserción laboral, de educación, salud, cultura, etc. Sin embargo, se está muy lejos de las metas sugeridas por las Recomendaciones de los organismos ad hoc de la ONU.

La reflexión sobre los múltiples aspectos de la discapacidad no ha sido ni diligente ni exenta de tropiezos, tanto en nuestro país como fuera de nuestras fronteras. No obstante, se puede afirmar que van quedando atrás las concepciones discriminatorias que reducían el problema de la discapacidad a una cuestión fundamentalmente médico-sanitaria o psicosocial. Las evidencias recogidas por variadas disciplinas de las ciencias sociales, la psicopedagogía y otras ramas de la educación, dan un fundamento substancial a una nueva manera de considerar la discapacidad que obliga a abandonar los viejos paradigmas de la “normalidad” y del “handicap”.

El estado del arte hoy nos habla de mayor o menor autonomía de los individuos y de las habilidades que deben ser desarrolladas para controlar y manejar la dependencia suscitada por la minusvalía, optimizando las relaciones de las personas con el medio, en el más amplio sentido del término.

Así pues, acrecentar las oportunidades de un desarrollo individual, profesional y ciudadano, de las personas discapacitadas depende de las políticas públicas que abarcan dominios tan diversos como: la salud, el acceso a la información, el desarrollo urbano, los transportes públicos, la vivienda, la educación, la formación artística, técnico-profesional, etc.

Es del exitoso resultado de esas políticas sectoriales, que depende el acceso de las personas discapacitadas a la plena ciudadanía; son esas políticas que hacen posible el tránsito de las personas del estado de objetos de la beneficencia pública –o de la caridad privada-, al estatus de sujetos de derecho.

Ahora bien, son sujetos de derecho los que han de integrar la Convención Constitucional; la condición sine qua non que ha de ser satisfecha por los futuros convencionales es la más universal de las cualidades exigibles en una democracia moderna: el ser un ciudadano que pueda hacer suyos los intereses generales de la mayoría de sus conciudadanos, enriqueciendo el patrimonio democrático de esta magna instancia soberana, con su desinteresada experiencia personal.

Son los valores universales de la democracia los que cimentarán el trabajo de la Convención y no los intereses de tal o cual corporación, o de tal o cual agrupación profesional o religiosa. Perder de vista esa vocación universalista, entraña el peligro de abrir la puerta a manifestaciones corporativistas de las cuales muchas democracias han sido víctimas.

Hoy, cuando nuestro país vuelve a descubrir la política y el poder de la acción democrática de la aplastante mayoría del pueblo, no podemos permitirnos confundir molinos con gigantes.

Gabriel Salinas A.
Gabriel Salinas A.

Gabriel Salinas Alvarez
Doctor en Ciencias Sociales