Los tecnólogos médicos de la especialidad de oftalmología son profesionales con una historia de 70 años en Chile y que, como consecuencia de la Ley 20.470, se les permite diagnosticar y tratar vicios de refracción, logrando terminar con las listas de espera en esta materia para la población más vulnerable, siendo el soporte de salud visual en Chile.
Fue con la Ley de Fármacos I que el legislador le puso el cascabel al gato, fortificando el actual artículo 120 del Código Sanitario, que prohíbe de forma genérica a médicos y tecnólogos médicos ejercer su profesión y tener intereses comerciales que digan relación directa con su actividad, proveyéndole de una aplicación especial en el artículo 126 de este mismo código, donde se les impide la instalación de consultas al interior de establecimientos de óptica, sin excepción. ¿La finalidad? No generar espacios para la integración vertical y el conflicto de interés.
El señor Marco Antonio Núñez, quien tiene un serio conflicto de interés al legislar estas leyes en el pasado y representar hoy a la industria óptica, ha entregado cifras sobre las lista de espera de oftalmología, situándolas en 313 mil personas, que esperan entre un año a un año y medio para ser atendidos. Estos argumentos, a manipulación antojadiza, desinforman a la población y generan falsas expectativas del problema que pretende resolver la industria óptica.
Un problema por cierto inexistente, ya que en Chile la resolución de vicios de refracción en el sector público es prácticamente del 100%, y los pacientes no esperan más allá de tres meses por un problema de salud que requiere de atención mediata. Las listas de espera señaladas por el señor Núñez no corresponden a vicios de refracción sino que a problemas oftalmológicos que se atienden en centros de nivel de complejidad mayor.
Lo que sí es cierto, es que el ítem de los artículos ópticos se posiciona como el que más disminuyó su gasto de bolsillo, en 33,8% en el año 2016 en relación con 2012, según el análisis de la VIII Encuesta de Presupuestos Familiares realizadas por el Centro de Estudios Públicos en 2018. Esto sugiere responder a las políticas derivadas del rol que ha tenido el tecnólogo médico y la cobertura que ha entregado el Estado a esta problemática.
Estas cifras deben preocupar a la industria óptica, que no ha escatimado recursos en el proceso que abrió de oficio el Tribunal Constitucional para derogar la prohibición del artículo 126: un exdiputado con posgrado en Harvard financiado por el Estado encabezando la presidencia de esta industria y un miembro del bufete de abogados más caro de Chile representándolos en este proceso.
Hoy estamos frente a un proceso en que el Tribunal Constitucional debe zanjar esta discusión, hacia una de dos aristas: por un lado la oportunidad de frenar a las empresas que buscan un subterfugio sanitario para seguir acentuando la brecha de desigualdad en la distribución de ingresos que Chile lidera en los países de la OCDE, y por otra parte, seguir dándole cabida a que los grupos económicos sean los que nuevamente se lleven el trozo más grande de la torta.
Rolando Silva Jorquera
Director Nacional
Colegio de Tecnólogos Médicos de Chile A.G.
