En nuestro puerto (Valparaíso), las empresas de parquímetros han operado con la misma estrategia que utilizaron en la comuna de Recoleta antes de ser expulsadas, es decir, dictando contratos y modificaciones a medida de sus intereses propios, haciéndose dueños de nuestra ciudad, y auto-asignándose calles nuevas para explotar.
Para hacer posible lo anterior, estas empresas necesitan de administraciones municipales permisivas y concejales que resguarden sus intereses, haciendo eco de sus dictámenes, y utilizando sus cargos democráticamente electos para defender los intereses privados.
Hasta diciembre de 2014 esta empresa cobraba $360 pesos los 30 minutos o fracción. En 2015 subió la tarifa a $590 pesos los 30 minutos, y $19 pesos por minuto adicional (46%). Hoy la tarifa asciende a $620 pesos de 1 a 30 minutos y $21 pesos minuto adicional, transformándose en los parquímetros más caros de Chile.
Como usuarios vemos tremendas diferencias de calidad con otros servicios ofrecidos. Por ejemplo, estacionamientos en un conocido Retail donde tienen una tarifa de $12 pesos por minuto y no tiene cobro los primeros 5 minutos, con guardias, techado, cámaras y sistema de seguridad en general. En cambio en la calle el cobro es el ya mencionado y literalmente cualquier cosa le puede pasar a los vehículos.
Pero ¿Cómo se llegó a este abuso en Valparaíso y a su gente?
Concejales de la época que aprobaron el alza de tarifa aplicada por Consorcio S.A, posibilitaron al municipio del exalcalde Sr. Jorge Castro, a la implementación de un abuso legal. Argumentan que “no vieron los contratos” o que ellos “no estuvieron en la firma del contrato original el año 2004”. Pero las actas municipales dicen algo muy diferente.
En agosto de 2014 se realizó una Comisión de Finanzas de concejales, presidida por el concejal sr. Iván Vuskovic, quien “recomienda” modificar el contrato de parquímetros para mejorar la participación de la municipalidad en este negocio.
En ese entonces, el exalcalde, Jorge Castro (UDI), quien en ese minuto necesitaba hacer caja rápidamente para enfrentar la acusación por notable abandono de deberes en su contra que habían presentado las concejalas Paula Quintana, Ruth Cáceres y Zuliana Araya, y así poder pagarle las cotizaciones previsionales a los profesores, le encomendó de manera “express” a la Comisión de Régimen Interno, presidida por el concejal sr. Marcelo Barraza, proponer cambios en el contrato de parquímetros.
Es allí, puesto en un “punto vario” de la tabla en esa comisión celebrada en la mañana del 10 de septiembre de 2014, donde se preacordó subir la tarifa a cambio de los recursos adelantados por parte de la empresa, quien a su vez garantizó la concesión de parquímetros, pudiendo de esta manera al exalcalde Castro zafar de una de las acusaciones más graves que contenía: la deuda provisional con los profesores.
Este preacuerdo fue aprobado finalmente en el Concejo Municipal ese mismo día en la tarde, con los votos de los concejales Marcelo Barraza, Ivan Vuskovic, Eugenio Trincado, Carlos Bannen, Luis Soto y el alcalde. Sólo se opusieron Zuliana Araya, Ruth Cáceres, Paula Quintana, Eugenio González y Marina Huerta.
Hoy hay concejales que quieren eludir sus responsabilidades en este caso, pero las actas municipales tienen esa facilidad para desmentir a quien se quiere pasar de listo, además estamos los porteños que bajo distintos prismas políticos podemos interpretar lo que sucedió en esos años, sobre todo recordando que después de la acusación por notable abandono de deberes ocurrieron los siguiente hechos: alza de parquímetros, autorización de terrazas en la vía pública por parte de restaurantes, licitación de grúas Egle Care (que sacaron harta plata a los porteños antes de ser descubierta en irregularidades), ordenanza de Chumbeques, etc. Donde curiosamente participaron los mismos actores municipales.
Por tanto fue una maniobra, más una serie de acciones económicas, las que se llevaron adelante bajo la administración de Castro, para poder subsanar las ilegalidades que practicó durante años y que dejo este municipio hundido económicamente. Los que, en sus actos respaldaron al exalcalde, deben responder políticamente por el abuso hacia Valparaíso, y tal vez hasta penalmente, pues recordemos que el Consejo de Defensa del Estado ya se dejó caer en la municipalidad para investigar posibles fraudes al Fisco en algunos contratos celebrados en aquella época.
Que no le echen sólo la culpa a la falla estructural del sistema en educación, Valparaíso es el municipio más endeudado de Chile, lo cual refleja que aparte del déficit sistémico en educación, alguien se “avivó” y metió su negligente gestión en un todo para celebrar acuerdos que rayan en el abuso o la ilegalidad.
Lo cierto es que hasta el momento, los porteños seguiremos pagando las consecuencias de una archí conocida mala práctica política hasta el 2033.
Isaac Alterman
Miembro de No+AEPV
