Los últimos días en territorio mapuche han sido de tristeza e impotencia. 116 días de huelga de hambre no dejan bien a nadie. Y si bien, es un respiro el retiro de la querella con carácter terrorista, quienes vivimos acá sabemos que no cambia nada en lo sustancial. De hecho, estamos en el mismo lugar que al término de la huelga del año 2010. Seguimos con la misma ley antiterrorista condenada por diversos organismos comprometidos en la defensa y promoción de los derechos humanos, por vulnerar el derecho a un juicio justo (Ver: 100 días de huelga de hambre: ni política pro vida ni defensa de los DD.HH.). Avanzar en una modificación acorde con los derechos humanos, es avanzar en lo sustancial.
Sin embargo, es necesario mucho más si realmente se quiere construir la paz y no imponerla como nueva violencia. Cambiar el paradigma populista-punitivo en la política indígena, urge. Populista, en cuanto se presentan canales de diálogos que no son tales, como el Plan de Reconocimiento y Desarrollo Araucanía, que establece medidas para La Araucanía sin mediar consulta alguna hacia los mapuche que serán obviamente afectados, y que tampoco considerar reparación alguna por los daños sufridos por los comuneros (Ver: Plan Araucanía: ¿Pueblo mapuche, objeto o sujeto de política?); o el Proceso Constituyente indígena, que si bien en su primera parte evidenció la transversalidad de las demandas por plurinacionalidad, territorialidad y autodeterminación, entre otras, luego en su segunda parte, se volvió un proceso opaco por el cual alguien (?) seleccionó mediante algunos criterios (?) unos temas y no otros para ser consultados (Ver: Consulta indígena: entre gallos y medianoche). El levantamiento de la querella por ley antiterrorista, tanto el 2010 como hoy, es otro efecto mediático, que si bien como acción es absolutamente necesaria y justa, está lejos de ser un reconocimiento hacia el Pueblo Mapuche, mientras no hay modificaciones sustanciales y convicciones políticas respecto a no aplicar en ningún caso una ley reñida con los derechos humanos.
El carácter punitivo se ha expresado fuertemente estos días con la aplicación de una ley que no cumple estándares de derechos humanos, a mapuche que, seamos claros, no son terroristas. Pero más allá de este caso particular, son numerosos los casos de abuso de poder de fuerzas del Estado contra mapuche, en diversos grados que van desde torturas a violencia psicológica. Así lo comprueban las numerosas advertencias de organismos de defensa y promoción de derechos humanos (Ver: Cambia, nada cambia: nueva muerte mapuche).
Así, pasar de un paradigma populista-punitivo a uno de diálogo en política indígena es urgente y posible, aunque exige resolver al Estado y sus gobiernos tensiones con los sectores empresariales que tienen intereses en el territorio y que hábilmente se invisibilizan como un actor relevante y en conflicto con el Pueblo Mapuche, en especial la industria forestal (Ver: Colusión papelera, desfalco forestal y despojo territorial).
Esto se manifiesta al observar que el Estado posee plena consciencia del daño que ha causado al Pueblo Mapuche y la situación de despojo y violencia a la que lo ha sometido. Dos botones de muestra son el informe Verdad Histórica y Nuevo Trato (2003) que recoge íntegramente la historia de violencia, reducción territorial, asimilación forzada y confinación a la pobreza a la que ha sido empujado el Pueblo Mapuche; y el solemne pedido de perdón “por los errores y horrores que ha cometido o tolerado el Estado” contra el Pueblo Mapuche, que realizó este año la Presidenta de la República. Por su parte, los organismos de derechos humanos han interpelado en reiteradas ocasiones al Estado chileno para que dialogue con el Pueblo Mapuche sobre sus demandas y deje de lado la vía punitiva como solución.
Sin embargo, la única voz disonante con las anteriores, aunque más ignorante históricamente pero de acción más coherente, es la de los gremios empresariales instalados en territorio mapuche. Justamente, desde estos sectores surgen las demandas al Estado para que restituya el Estado de derecho, aplique estados de excepción o aplique la ley antiterrorista.
Al final del día, parecen ganar estas últimas demandas, dejando expuesta la incoherencia que muestra el Estado chileno entre su conocimiento histórico y su acción política de reparación hacia el Pueblo Mapuche, pues acaba evitando bajo todo pretexto, dialogar las legítimas demandas realizadas por los propios movimientos mapuche, bastante representativas del Pueblo Mapuche (Ver: Proceso Constituyente Indígena, resultados para digerir). Y así, se concede lo accesorio sin tocar lo medular, perpetuándose la violencia del no reconocimiento. Lo que favorece el aumento de la violencia y extrema las posturas (Ver: Violencia en territorio mapuche I y II).
116 días de huelga de hambre traen dolor y sufrimiento. Éste no se acaba cuando se baja la huelga, pues dejan huellas para el resto de la vida. Que no sea en vano, que no volvamos a este punto, que no sigamos empujando al mapuche a la muerte, a la lucha. Que tengamos todos un Buen Vivir depende en buena parte que el Estado resuelva sus tensiones con los sectores empresariales aludidos, que son parte en conflicto, y así adopte con convicción una postura política para que juntos construyamos la paz en un país más ancho y diverso donde todos tengan un lugar digno sin que para ello, deban arriesgar su vida ni hipotecar su salud por hacer valer sus derechos.
David Soto
Sacerdote jesuita
Comunidad jesuita de Tirúa
