Si concebimos la educación superior como un pilar fundamental para el desarrollo de un país, debemos realizar una reflexión profunda sobre las bases que cimentan la educación superior chilena.
Un modelo generado al finalizar la dictadura militar, que fue como una gran tormenta que ha inundado por años el sistema de educación superior en Chile, promoviendo una competencia por recursos económicos, en un sistema en el cual luchan instituciones públicas junto con las instituciones privadas, tanto por fondos concursables para sus programas de mejoramiento institucional, como para proyectos para el desarrollo de la investigación y la innovación. Sumado además, a una competencia cada vez más desafiante entre las instituciones que se han adscrito a la gratuidad desde el año 2016, por la captación del estudiante que cuenta con gratuidad que hoy en día es un “voucher” que se intenta atraer.
Para cambiar este modelo, se encuentra en trámite, el proyecto de Ley de Reforma a la Educación Superior, el cual ya lleva más de un año en discusión, como un tibio viento Raco que no logra un cambio profundo en el sistema.
La semana recién pasada, ha sido aprobada en general en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, la Ley de Universidades Estatales, la cual tiene como objetivo “establecer el marco jurídico que permita que las Universidades del Estado fortalezcan sus estándares de calidad académica y de gestión institucional…”. Amplio objetivo, que ha logrado sumar adeptos, a sabiendas que es un primer comienzo para que el Estado se haga cargo de sus instituciones. Sin embargo, quedo mucho por avanzar en lo realmente sustantivo.
En la actualidad, las Universidades del Estado están sometidas a un régimen de fiscalización interna y externa, que dificulta enormemente su gestión administrativa y financiera. Están limitadas en sus vacantes de matrícula, ya que las instituciones de educación superior del Estado por año sólo pueden acceder a un 2,7% de aumento, lo que da como resultado que las Universidades Estatales tengan sólo el 16% de la cobertura de la educación superior a nivel nacional. Al respecto, si comparamos a Chile con otros países, la educación pública es de un 73% en Estados Unidos y en todos los países de la OCDE es de un 69%.
Es en este sentido, que nuestra clase política no puede hablar de un sistema mixto, ya que en la actualidad la matrícula es preferencialmente privada incentivada por el mercado y sin regulación del Estado, sumado además que las Universidades Estatales no pueden competir en igualdad de condiciones en el mercado, ya que presentan limitantes importantes en su gestión interna, debido a sus estatutos y la constante regulación de la Contraloría General de la República. Ejemplo de ello, es la baja fiscalización que presentan las Universidades Privadas que reciben fondos públicos, a diferencia de la fuerte regulación de las Universidades del Estado ya sea por fondos públicos o privados que puedan recibir.
Es así como el Gobierno crea una gran expectativa sobre la Reforma a la Educación Superior, considerado como el gran momento del país para modificar el sistema heredado desde la dictadura, y que se veía venir como un gran huracán que pudiera remover las bases de un modelo totalmente desregulado, pero lo que nos muestra realmente son propuestas tibias, con alcances y avances débiles que son más bien como una tromba que dejará todo un poco revuelto, pero en sus bases, en el mismo pie existente.
Es por ello que para la construcción de una sociedad más igualitaria, el Estado debe asumir su rol como formador de ciudadanos comprometidos con el desarrollo del país, trabajando por potenciar una visión colaborativa entre sus universidades, por sobre la visión individualista y competitiva que se promueve hoy en día. Esperamos que con la fuerza de la sociedad, el ciclón retome su fuerza prontamente.
Viviana Vrsalovic H.
vvrsalovic@ulagos.cl
Académica
Sede Santiago
Universidad de Los Lagos
