La Presidenta Bachelet se ha comprometido a cerrar el penal de Punta Peuco. Se trata de un compromiso positivo, pues acaba con el privilegio que han gozado los condenados por crímenes contra la humanidad que allí están presos. La existencia de penales diferenciados para violadores de derechos humanos constituye un emblemático problema no resuelto del Estado chileno en materia de justicia y garantías de no repetición de los crímenes cometidos masiva y sistemáticamente por la dictadura.
De concretarse, esta medida sería un avance de gran relevancia. Sin embargo, hay razones para advertir el peligro de un desenlace en sentido contrario. Y es que existe un proyecto de ley en plena tramitación que, de ser aprobado, produciría el traspaso de presos de Punta Peuco no a penales comunes sino a sus casas particulares. Así, paradójica y tristemente, el cierre del penal podría terminar sepultando el derecho a verdad y justicia de las víctimas y de toda la sociedad chilena.
El proyecto, que se encuentra en el Senado, establece penas sustitutivas a las penas privativas de libertad en favor de personas que padezcan una enfermedad terminal (boletín 11.024-07). Pese a la loable preocupación por la población carcelaria que transmite su titular, el proyecto no distingue entre condenados por delitos comunes y criminales de lesa humanidad. De hecho, la indicación para distinguir entre ambos tipos de crímenes fue rechazada por parlamentarios de la Nueva Mayoría en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados.
El derecho internacional considera que los autores de crímenes contra la humanidad, por su gravedad, no pueden recibir el mismo trato que los presos normales. El cumplimiento de sus condenas es una condición fundamental para sostener la convivencia democrática de una sociedad, pues no se trata de individuos aislados cometiendo delitos contra otros individuos, sino de una violencia ejercida por el Estado objetivo de exterminar o amedrentar cualquier intento de oposición.
En el contexto internacional, ni la edad ni el estado de salud de este tipo de criminales se considera un criterio legítimo para liberarlos. Tampoco se permite que cumplan sus condenas en recintos especiales. Su eventual liberación anticipada sólo se reconoce bajo estrictos estándares, tales como que hayan cumplido 2/3 de su condena, 25 años para los casos de cadena perpetua, y hayan aportado información que contribuya de manera sustancial y efectiva al esclarecimiento de la verdad de los crímenes. Los condenados por crímenes de lesa humanidad en Chile no cumplen con estos estándares.
Los condenados por este tipo de casos en Chile han contado con todos los derechos que sus víctimas no tuvieron y que tampoco han tenido muchos presos comunes. Se les ha garantizado su seguridad personal, sometido a juicio con debido proceso, han contado con abogados y acceso a todos los recursos y acciones que les permite la ley. Quienes han enfermado cumpliendo condena han recibido tratamiento médico, siendo trasladados a centros de salud como el Hospital Militar y/o Dipreca. Ser condenado y cumplir dicha condena no es una violación de derechos.
Por desgracia, quienes se benefician personal, política y económicamente de la impunidad de estos crímenes han emprendido una virulenta ofensiva para distorsionar el debate. Incluso, el propio Jaime Campos (PR), ministro de Justicia, ha contribuido a dicho propósito, manifestando que negar beneficios y libertades a los condenados sería un acto de crueldad y vulneración de sus derechos. Con el correr de los meses y el avance del mencionado proyecto de ley, la actitud de Campos deja de parecer un exabrupto y asoma como un comportamiento coherente con la búsqueda de impunidad.
Cerrar Punta Peuco a cambio de liberar criminales contra la humanidad no sólo significaría cumplir una promesa vacía, implicaría sepultar la búsqueda de justicia y verdad. La Presidenta Bachelet todavía tiene en sus manos la posibilidad de no dejar tras de sí tan triste legado. Ahora es el momento para demostrarlo, llamando con claridad a su coalición a rechazar sin ambigüedades esta nueva ofensiva en favor de la impunidad.
Francisco Figueroa, coordinador nacional de Izquierda Autónoma
Haydeé Oberreuter, ex prisionera política y dirigenta de Derechos Humanos
