Por David Soto sj, comunidad jesuita de Tirúa
El Proceso Constituyente Indígena es parte del procedimiento que ha establecido el gobierno para que los derechos de los Pueblos Indígenas estén debidamente representados en la nueva Carta Magna de nuestro país. Si bien es una iniciativa positiva y sin precedentes en la construcción de nuestra Constitución, ha sido subvalorado y desprolijamente llevado a cabo, considerando el conflicto histórico entre el Estado chileno y el Pueblo Mapuche. Veamos por qué.
En primer lugar, una subvaloración política de los resultados del informe de la primera fase: el Proceso de participación. Éste explicitó nítidamente el apoyo transversal de los nueve pueblos indígenas a demandas como reconocimiento constitucional en un marco plurinacional, autodeterminación/autonomía, derechos colectivos y territorialidad, entre otras (Ver: Proceso Constituyente Indígena, resultados para digerir). Tales resultados, fruto de la mayor participación indígena en un proceso convocado por el Estado, aproximadamente 17.000 personas, arrojó contenidos relevantes y suficientes para convocar a un diálogo amplio que se hiciera cargo de los errores y horrores cometidos por el Estado chileno y nos encaminara a la paz. Sin embargo, se optó por validar un pobre informe de la Comisión asesora presidencial para La Araucanía, con bajísima validación y elaborado por unos pocos (Ver: Comisión presidencial Araucanía: otra oportunidad fallida).
La segunda fase del Proceso Constituyente Indígena, que consiste en seleccionar algunas materias del Proceso de Participación, transformarlas en medidas y someterlas a Consulta, ha comenzado el 3 de agosto. ¿Usted sabía? Pues bien, imagine si quienes viven en zonas rurales alejadas, como parte importante de la población indígena, están en conocimiento de ésta. Un proceso que es parte de la elaboración de la nueva Constitución no contó con campaña de información televisiva ni radial. ¿A quiénes se invitó a participar? La falta de información ante la magnitud del proceso y las confianzas depositadas de quienes participaron en el Proceso de Participación, es violentamente desconcertante.
La situación se torna más confusa cuando tampoco tenemos información alguna de quiénes y bajo qué criterios eligieron unas materias del Proceso Participativo y no otras. Es claro que seleccionar entre las distintas materias implica criterios políticos, que lamentablemente no son siquiera explicitados. Así, lo sometido a consulta no responde necesariamente a lo que demandaron los pueblos indígenas, y sus 17.000 participantes, en la primera fase, sino a lo que el gobierno quiere dar. Estos modos de proceder son insostenibles si se quiere trabajar por la paz. Pues tal manera de manejar la información es parte de lo que ha sustentado la asimetría de poder que históricamente se ha traducido en abusos de parte del Estado en contra del Pueblo Mapuche, lo que la presidenta llamó “errores y horrores”.
Antes de entrar a las medidas consultadas, una mención al uso del Convenio n° 169 de la OIT, en la que se basa este proceso. Las bases fundamentales de la consulta descansan en los art. 6 y 7, que apuntan a la necesaria participación indígena en todas las etapas de un proceso de decisiones sobre medidas que les pueda afectar, pues se les reconoce el derecho a decidir sobre sus asuntos, incluidos los procesos de desarrollo. En este sentido, llama la atención que se haya propuesto un Plan Araucanía, claramente con la voluntad de afectar la vida del Pueblo Mapuche, y no se haya realizado consulta alguna, desestimando lo planteado por 17.000 indígenas que participaron del Proceso Constituyente. Más aún, si tal Plan considera medidas claras respecto a asuntos tan importantes como el modelo de desarrollo y asuntos económicos (ausentes como veremos en la dimensión de reconocimiento indígena que sí será consultada). Este tipo de incoherencias están lejos de ayudar a generar confianzas y acercarnos a un diálogo de largo aliento.
Las medidas sometidas a Consulta Indígena serán dos: reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas y participación política. La primera medida está subdividida en tres partes: reconocimiento de los pueblos indígenas, reconocimiento territorial y derechos lingüísticos y culturales. Sobre la primera de estas subdivisiones, se habla del reconocimiento del derecho de conservar, fortalecer y desarrollar su historia, identidad, cultura, idiomas, instituciones y tradiciones propias. Ausentes quedan asuntos relevantes consignados en la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (2007) y presentes en el Proceso de Participación, como el derecho a autonomía o autogobierno en cuestiones relacionadas con asuntos internos y locales como forma de concreción del derecho a la libre determinación (art. 4) o derecho a definir el propio desarrollo (art. 23).
Sobre reconocimiento territorial, simplemente se señala que se demarcarán territorios especiales indígenas, para lo cual se establecerá una ley que ejecute tal acción. No es nada claro qué significa el término “especiales” ni si está en sintonía con el reconocimiento de los territorios ancestrales, demandados por los Pueblos Indígenas y afirmados como derecho (art. 26.3) por la declaración de la ONU señalada anteriormente. Sobre la demarcación de los territorios, en el Proceso Participativo (p. 72) se señala claramente que tal acción debería ser realizada por un ente autónomo del Estado y con participación de representantes de los pueblos indígenas en igualdad de condiciones con los del Estado. Nadie sabe si esto será considerado.
Nuevamente nos encontramos con procesos truncos. La falta de voluntad política es escalofriante, más todavía cuando estamos cerca de cumplir veinte años desde que parte del Movimiento Mapuche asumió la vía no institucional debido a las continuas decepciones, tras casi cien años de infructuosos esfuerzos por las vías institucionales. Es irresponsable iniciar procesos que no aspiren a hacerse cargo realmente de los temas de fondo. Es irresponsable y peligroso que las candidaturas presidenciales no se aboquen a construir una propuesta seria, que vaya más allá del cortoplacismo y de la nefasta reducción jurídico criminal. No se puede hablar del futuro de Chile si no hay futuro libre y respetuoso para los sobrevivientes de los Primeros Pueblos.
