Luego de conocerse el caso del diputado Ricardo Rincón por agresiones a su expareja, desde Izquierda Autónoma, por medio de una carta dirigida a Carolina Goic el 18 de abril, pedimos la inhabilitación para una nueva candidatura y el cese de su militancia en la Democracia Cristiana.
Lo primero fue concedido, gracias a la presión ejercida desde las organizaciones feministas, sin la cual la DC probablemente no hubiese tomado esta decisión, ni se avergonzaría de los actos de sus miembros. Un avance de dignidad básica. Que los agresores no tengan cabida entre los postulantes al Parlamento es lo mínimo, siendo la institucionalidad que define leyes que afectan la vida de las mayorías de Chile, excluidas precisamente por la política de la transición y su alianza con el empresariado y la Iglesia.
Sin embargo, ante la violencia hacia las mujeres y niñas se requiere una determinación que no permite medias tintas. El daño que Rincón le hizo a su expareja, hoy se proyecta a todas las mujeres y en especial en las niñas. Dicho parlamentario junto a la Derecha aprobaron la supuesta “protección a la discriminación de la vida del que está por nacer”, obligando a parir a miles de niñas menores de 18 años sin consideración alguna. El diputado Rincón celebró la medida. Junto a más feministas repudiamos esta situación, manifestándonos en la sede de la DC el día jueves 4 de mayo.
Sumemos a estos hechos el rol que ha jugado la abanderada presidencial de la Democracia Cristiana, Carolina Goic, en la tramitación del proyecto de despenalización del aborto en tres causales. En dicha discusión, por reconocimiento propio del gobierno, el acuerdo político de la Nueva Mayoría sobre el plazo para acceder al aborto producto de una violación, en niñas menores de 14 años, es hasta las 14 semanas. Un acuerdo político, que no solo es lamentable, sino que es un acuerdo vacío, sin cuerpos, sin mujeres, sin niñas, pero que a la vez decide por nuestras vidas. La realidad de la violencia sexual y el ensañamiento de la agresión y daño en las niñas, proviene principal y mayoritariamente de hombres que forman parte de sus redes familiares y de confianza, donde de manera reiterada, en círculos permanentes de violencia, cada embarazo sale a la luz sólo cuando ya no es posible ocultarlo y por tanto, se hace visible la violencia. Ahora bien, por medio de la DC nuevamente, el 15 de mayo se aprobó en la Comisión de Salud del Senado que las niñas menores de 14 años de edad víctimas de violación deban recibir una autorización de los Juzgados de Familia para acceder al aborto, no bastando la comisión médica y no importando su voluntad.
En este correlato de sucesos podemos ver que este proyecto de ley, tal como lo están transando, no busca resguardar los derechos y autonomía de las niñas y mujeres que son violentadas sexualmente, cuando el mismo, sólo tiene razón de ser en la medida que es capaz de reparar -en estos casos extremos- un acto de violencia. El daño que está institucionalizando la DC no solo es su propio logro, sino que es posible gracias a que la Nueva Mayoría por acuerdos políticos mezquinos toma nuestros derechos como moneda de cambio.
Como Izquierda Autónoma nos parece a lo menos violento, que quién está involucrado en casos de violencia de género, siga legislando en nombre de niñas, mujeres y diversidad sexual. Y aún más lamentable es que esto suceda sin cuestionamiento alguno del gobierno, ni pronunciamiento público del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, ya sea por la participación de Rincón, así como los cambios que se han ido generando al proyecto. No se puede condenar la violencia a las mujeres en determinado casos y en otros avalar por omisión. Teniendo en cuenta, además, que el gobierno ingresó un Proyecto de Violencia Integral. En este contexto, sumando datos a la causa, el 18 de mayo las “encargadas de mujeres de la Nueva Mayoría” se reúnen con la Presidenta Bachelet para poner urgencia tanto al proyecto de Ley para una vida libre de violencia hacia la mujer y como al que despenaliza el aborto en tres causales. Sin embargo, desde la Ministra hasta las mujeres de la Concertación se celebran etapas legislativas burocráticas, cuando cada una constituye retrocesos a la posibilidad de avanzar en la autonomía de la mujer y cuyo cuestionamiento ha sido mayoritario desde las organizaciones feministas. Señales que buscan a toda costa y en un año electoral obtener un titular de prensa, más que la conquista real de derechos para las mujeres y niñas. Estas ambivalencias ponen en riesgo las mismas iniciativas de leyes, ya que terminan siendo expresión de una transacción a favor de una política patriarcal y anti-derechos. Legitimando por parte de la coalición gobernante la misoginia, crueldad y tortura encubiertas. Esto nos reafirma una convicción clara, la incorporación de una élites de mujeres a la política de la transición -que ha terminado siendo aliada del neoliberalismo y por tanto de la desigualdad-, no se ha traducido en la incorporación de una política feminista para la conquista de derechos de las mayorías de las mujeres y niñas y así avanzar en la erradicación de la violencia sexista.
En esa línea el domingo 13 de mayo, como Izquierda Autónoma presentamos junto a Beatriz Sánchez, dentro de los cinco principios programáticos que coincidimos que debe tener el Frente Amplio, la necesidad de avanzar en el derecho a decidir de las mujeres sobre sus vidas y el aborto legal.
Sin duda que las fuerzas de cambio nos pongamos a disposición de esta pelea es fundamental, pero el desafío principal es claro, no habrá Derecho a Decidir si desde la necesaria autonomía de la organización social y política- excluida por la alianza Concertación y Derecha- no nos tomamos la política, para la recuperación y conquista de nuestros derechos sociales y reproductivos, para verdaderas reformas, reformas con la sociedad, reformas con cuerpos, reformas para las mayorías.
Daniela López Leiva.
Encargada Política
Frente Feminista Izquierda Autónoma.
