Opinión
No es justo liberar a los presos de Punta Peuco
Publicado por: Tu Voz
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El pasado viernes 23 de diciembre se realiz√≥ en el penal Punta Peuco una ceremonia ecum√©nica en que 10 de sus presos, condenados por cr√≠menes contra la humanidad, pidieron perd√≥n. Este hecho ha encendido el debate p√ļblico sobre los derechos de estos presos a recibir beneficios carcelarios.

Desafortunadamente, el debate ha sido ca√≥tico y confuso, y ha resultado sumamente excluyente para la mayor√≠a de la poblaci√≥n, transform√°ndose en una conversaci√≥n a la que solo acceden las personas relacionadas con los derechos humanos, pol√≠ticos y abogados. Sin embargo, esta discusi√≥n ata√Īe al conjunto de la sociedad, y es necesario ordenarla para permitir un debate transparente y democr√°tico.

Los presos de Punta Peuco fueron condenados por cr√≠menes contra la humanidad, tambi√©n conocidos como delitos de lesa humanidad, que consisten en el asesinato, exterminio, tortura, violaci√≥n o desaparici√≥n forzada de personas, realizado en forma masiva y sistem√°tica por un Estado u otra organizaci√≥n que ejerza las veces de tal. Estos delitos son considerados extremadamente graves, m√°s que ning√ļn otro tipo de crimen, por lo aberrante de la violencia ejercida, pero, especialmente, porque no se trata de individuos aislados cometiendo delitos contra otros individuos, sino de una pol√≠tica institucional de violencia ejercida contra personas por su raza, g√©nero o posici√≥n pol√≠tica. Por eso se les llama violaciones a los derechos humanos.

La dictadura civil y militar que comienza en 1973 cometi√≥ cr√≠menes contra la humanidad. As√≠ lo prueban decenas de procesos judiciales, como tambi√©n el trabajo de las comisiones presidenciales convocadas para llevar registro y balance de lo ocurrido: la ‚ÄúComisi√≥n Rettig‚ÄĚ, la ‚ÄúCorporaci√≥n Nacional de Reparaci√≥n y Conciliaci√≥n‚ÄĚ ‚Äďambas sobre desaparici√≥n forzada y ejecuci√≥n de personas-; y las llamadas ‚ÄúComisi√≥n Valech I‚ÄĚ ‚Äďsobre prisi√≥n pol√≠tica y tortura- y la ‚ÄúComisi√≥n Valech II‚ÄĚ, para la calificaci√≥n de detenidos desaparecidos, ejecutados pol√≠ticos y v√≠ctimas de prisi√≥n pol√≠tica y tortura.

Hace dos semanas, una decena de condenados por estos crímenes realizaron una ceremonia religiosa para pedir perdón. Esto es legítimo en el marco del proceso individual que cada uno de ellos pueda estar viviendo, pero es irrelevante en el ámbito de la justicia para estos casos y, en particular, con la posibilidad de que salgan en libertad.

Por lo grave que son los cr√≠menes contra la humanidad, el derecho internacional considera que los autores de estos delitos no pueden recibir el mismo trato que un preso normal. Se proh√≠be la liberaci√≥n anticipada de estos, por la importante se√Īal que representa para la sociedad que los autores de delitos contra la humanidad cumplan su condena. Se reconocen ciertos casos en los que se admite una liberaci√≥n anticipada, pero bajo estrictos est√°ndares: que los condenados ya hayan cumplido 2/3 de la pena, o 25 a√Īos para los condenados a cadena perpetua; y el aporte de informaci√≥n que contribuya al avance de investigaciones en curso. En ese sentido, la edad de los presos no se considera un criterio leg√≠timo para liberarlos.

Definir lo que es justo respecto de personas condenadas por cr√≠menes contra la humanidad, nos obliga a hacer un balance general de la justicia alcanzada respecto de los delitos cometidos, pues as√≠ como hay que considerar la humanidad de los condenados y de sus familiares que sufren por su encierro, tambi√©n debemos considerar la humanidad de las v√≠ctimas y sus familias y, tambi√©n, al conjunto de la sociedad chilena, pues todos, directa o indirectamente, fuimos da√Īados por los cr√≠menes cometidos, y todos tenemos inter√©s en que ellos no se repitan. La sanci√≥n que reciben quienes cometieron estos cr√≠menes no tiene que ver √ļnicamente con el da√Īo que le hicieron a sus v√≠ctimas directas, sino el da√Īo que sus acciones representa para nuestra sociedad y a la democracia en general, es decir, a la posibilidad de que todos participemos en igualdad de condiciones de la deliberaci√≥n sobre el destino de nuestras vidas.

A 26 a√Īos del retorno a los gobiernos civiles, las cifras sobre el avance en alcanzar verdad y justicia sobre los cr√≠menes contra la humanidad cometidos es reducido. De las 1.132 v√≠ctimas de desaparici√≥n forzada, s√≥lo se han encontrado e identificado los restos de 148 de ellas. No existe una pol√≠tica estatal para buscar estos cuerpos. Hasta ahora existen 116 personas cumpliendo condena por violaciones a los derechos humanos, que es un n√ļmero sumamente bajo, si se considera que la Comisi√≥n Valech identific√≥ la existencia de m√°s de 1000 centros de tortura que operaron entre 1973 y 1988. Ninguno de los condenados ha aportado antecedentes sobre los destinos de las v√≠ctimas ni los hechos acontecidos. Tampoco el Estado brinda apoyo y protecci√≥n a las pocas personas que han entregado informaci√≥n. En los casos donde ha existido condenas se han usado instituciones jur√≠dicas contrarias al est√°ndar internacional en la materia, como la media prescripci√≥n aplicada a los victimarios, que se utiliza para disminuir las penas, y el cumplimiento de condena en recintos especiales, con mejores condiciones y separados del resto de la poblaci√≥n penal. En la misma l√≠nea, especial significancia tiene que el dictador haya fallecido en total impunidad.

A esto se suma la grave limitaci√≥n para conocer la verdad sobre los delitos cometidos que estableci√≥ el gobierno de Ricardo Lagos. Se fij√≥ un secreto de 50 a√Īos sobre los testimonios de las v√≠ctimas recopilados en el Informe Valech, lo que impide que dichos relatos sean conocidos por tribunales y por la sociedad chilena en su conjunto. Esto se ha realizado abiertamente en contra de la voluntad de las agrupaciones de familiares y v√≠ctimas, quienes han solicitado reiteradamente que esos antecedentes sean hechos p√ļblicos.

En materia de reparaci√≥n a v√≠ctimas sobrevivientes, parte fundamental de alcanzar justicia, la situaci√≥n tambi√©n es delicada. Hasta hoy el gobierno contin√ļa faltando a su compromiso sobre el establecimiento de una comisi√≥n de calificaci√≥n permanente que pueda evaluar todos los casos de ex-presos y presas pol√≠ticas y torturados que no fueron considerados. Igualmente el Programa de Reparaci√≥n y Atenci√≥n Integral en Salud (PRAIS) establecido para los supervivientes, tiene cr√≥nicos problemas de financiamiento y funcionamiento, derivando en una mediocridad general de las prestaciones entregada que obliga a las v√≠ctimas a mantenerse en constante estado de movilizaci√≥n para presionar por un est√°ndar m√≠nimo de utilidad.

Desgraciadamente, no ha sido posible tener un debate constructivo sobre este tema. Al contrario, la ceremonia de perdón ha sido utilizada como parte de una ofensiva mediática para lograr la liberación de los presos de Punta Peuco, y actores de todos los sectores han contribuido a confundir deliberadamente la discusión. Se mezclan distintos planos del debate, homologando circunstancias morales y particulares a efectos jurídicos, presentando a los victimarios como víctimas, a los que supuestamente se les niega misericordia, la que se homologa a justicia. En el mismo acto, se demoniza a las víctimas y sus familiares, presentándolos como indolentes e incapaces de perdonar. Se distorsiona la discusión, pues quien condenó a los presos de Punta Peuco es el Estado, no las víctimas.

Esta ceremonia se celebra precisamente en el contexto de una seguidilla de recursos y solicitudes a los tribunales por beneficios a los condenados. Se trata de una ofensiva del conjunto de personas e instituciones que se beneficia personal, política y económicamente con la impunidad ante los crímenes cometidos, y que busca alterar el débil consenso que como sociedad hemos logrado alcanzar al respecto, a través de la presión ante los tribunales de justicia, el Congreso Nacional, y los medios de comunicación.

Esta posici√≥n no se limita a la derecha chilena. A la distorsi√≥n del debate ha contribuido abiertamente Jaime Campos (PR), ministro de justicia, al afirmar que ‚Äúlos derechos humanos son v√°lidos para todo el mundo, sin distinci√≥n de ninguna especie. Pero pareciese que algunos no lo creen as√≠‚ÄĚ, dando a entender que el negar beneficios y libertades a los autores ser√≠a una forma de crueldad y falta a los derechos de los presos de criminales condenados por delitos contra la humanidad. En la misma posici√≥n est√° Hugo Dolmestch, presidente de la Corte Suprema, quien se√Īal√≥ que “no debiera haber ninguna diferencia entre una persona condenada y otra”, desconociendo el tratamiento especial que deben recibir este tipo de presos. Ambas afirmaciones est√°n por debajo del est√°ndar m√≠nimo democr√°tico establecido a nivel mundial despu√©s de los horrores de la segunda guerra mundial.

Las personas procesadas han contado con todos los derechos que sus víctimas no tuvieron. Se les ha garantizado su seguridad individual y personal, se les ha sometido a juicio con debido proceso, asistencia letrada y han tenido acceso a todos los recursos y acciones que les permiten ver y revisar sus situación jurídica. Ser condenado y cumplir dicha condena no es una violación de sus derechos humanos.

Este escenario, de retroceso de la concepci√≥n general que como sociedad tenemos sobre lo que son los derechos humanos, quienes buscamos defender una idea y una pr√°ctica sobre los derechos humanos que siente las bases para una sociedad democr√°tica, nos encontramos en una posici√≥n muy desfavorecida. A pesar de las l√ļcidas y valientes palabras y acciones de algunos dirigentes como Alicia Lira, presidenta de la Agrupaci√≥n de Familiares de Ejecutados Pol√≠ticos, y otras personalidades como Carmen Gloria Quintana, la realidad es que el conjunto de fuerzas democr√°ticas de este pa√≠s no hemos tenido la capacidad de frenar la arremetida comunicacional y el avance de la posici√≥n de quienes promueven la impunidad.

Es urgente repensar el movimiento por derechos humanos
desde una perspectiva que ponga en el centro construir una sociedad democr√°tica en su sentido sustantivo. La segmentaci√≥n de las organizaciones y agrupaciones de familiares y v√≠ctimas seg√ļn el tipo de violencia que el Estado ejerci√≥ sobre ellos, las atomiza, y disminuye su efectividad y alcance pol√≠tico. Del mismo modo, no corresponde limitar este movimiento a las v√≠ctimas directas de la violencia. La dictadura no busc√≥ asesinar a personas individuales, sino que su prop√≥sito fue exterminar a una gran cantidad de dirigentes pol√≠ticos, quienes representaban el fruto de d√©cadas de trabajo y maduraci√≥n de vastos sectores de la sociedad chilena (desde sectores medios hasta el mundo popular) por tener pensamiento y proyecto pol√≠tico propio. Exterminarlos fue decirle a la gran mayor√≠a de los chilenos: ustedes no pueden decidir sobre el destino de sus vidas. M√°s all√° de la adhesi√≥n a esos proyectos pol√≠ticos en particular, todo dem√≥crata debe defender con determinaci√≥n que el Estado chileno busque la verdad sobre los cr√≠menes cometidos, condene a los responsables (ya sean directos o indirectos), repare a las v√≠ctimas, y construya una institucionalidad que garantice que los cr√≠menes no se repitan.

Haydee Oberreuter
Ex prisionera política

Francisco Arellano
Fundación Nodo XXI

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