Opinión
Esta ‚Äúreforma educacional‚ÄĚ no pasa la acreditaci√≥n
Publicado por: Tu Voz
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La ‚Äúacreditacioncitis‚ÄĚ puede ser una enfermedad incurable: man√≠a del cr√©dito, a conseguir, a recibir o prorrataer en el c√≠rculo econ√≥mico generalizado ‚ÄĒ jam√°s a dar, lo que se llama dar. El diccionario de la tan Real como Irreal Academia de la Lengua Espa√Īola (RAE) ofrece desde ya, en la entrada ‚Äúacreditar‚ÄĚ, las siguientes definiciones:

1. Hacer digno de crédito algo, probar su certeza o realidad.

2. Afamar, dar crédito o reputación.

3. Dar seguridad de que alguien o algo es lo que representa o parece.

Particularmente la primera como la tercera acepci√≥n se acercan al uso intensivo que en los √ļltimos a√Īos se le ha otorgado a este verbo en el √°mbito de la educaci√≥n superior: un dispositivo para asegurar (probar) que una universidad sea digna de ser llamada universidad (en el lenguaje t√©cnico: un mecanismo de aseguramiento de la calidad). B√°sicamente consiste en un diagn√≥stico de la coherencia entre lo que una instituci√≥n universitaria declara como sus prop√≥sitos o promesas constitutivas y lo que efectivamente est√° haciendo para dar cumplimiento a ellas. Tal cumplimiento es a fin de cuentas un juicio de diagn√≥stico que debe ser fundado en indicadores verificables, evidencias de todo tipo y, en algunos casos, informes de expertos. La coherencia entre dicho y hecho opera entonces como criterio medular de los llamados ‚Äúprocesos de acreditaci√≥n‚ÄĚ institucionales.

Por su parte, un proyecto de ley, como su nombre lo indica, aspira a volverse instituci√≥n normativa, ley. Y virtualmente pudiera tambi√©n someterse a un ‚Äúproceso de acreditaci√≥n‚ÄĚ, de modo de asegurar ante terceros que es lo que es, representa o parece, como dice la RAE.

En su estado actual, el proyecto de reforma al sistema de educación superior, que ha enviado el Gobierno al Congreso, si intentara acreditarse, hoy no lo lograría. No pasaría el proceso de acreditación que él mismo le exige a las instituciones (universitarias) cuya acción pretende normar. Veamos.

En t√©rminos de coherencia interna, el proyecto hace agua en sus prop√≥sitos o promesas principales. Estas promesas, que est√°n expl√≠citamente declaradas en los ac√°pites iniciales del proyecto, son b√°sicamente dos: 1. fortalecer la educaci√≥n p√ļblica, y 2. interrumpir la mercantilizaci√≥n del quehacer universitario (pasar de un educaci√≥n considerada como ‚Äėbien de consumo‚Äô, al decir del ex Presidente Pi√Īera y la corte neoliberal, a un derecho social, al decir de la Presidenta Bachelet y el progresismo socialdem√≥crata): ‚ÄúLa educaci√≥n es un derecho fundamental, tiene un valor p√ļblico innegable… Este es el pa√≠s que so√Īamos‚ÄĚ, se√Īala el punto I.1. (‚ÄúAntecedentes‚ÄĚ) del proyecto enviado al Congreso.

Como en los antecedentes del mismo proyecto de ley se reconoce, fruto del abandono progresivo del Estado a sus universidades en las √ļltimas cuatro d√©cadas, la educaci√≥n

p√ļblica estatal universitaria cubr√≠a a 2014 s√≥lo un 25% de la cobertura del sistema, mientras el promedio de los pa√≠ses de la OCDE es de un 71% (cf. I, 3, C)

Sin embargo, en el texto del proyecto de ley propiamente tal no hay ni ‚Äúindicadores‚ÄĚ ni ‚Äúevidencias‚ÄĚ ni nada an√°logo que sustente un cambio de la situaci√≥n. En cuanto al fortalecimiento del sistema p√ļblico universitario, no hay elementos que permitan prever un m√≠nima recuperaci√≥n del rol de las universidades estatales y tampoco hay comprometidos fondos basales que permitan a estas dar un salto en equidad, pertinencia y cobertura en la pr√≥xima d√©cada (los fondos se mantienen grosso modo en su estado actual e incluso, pues estos se tendr√≠an que aprobar a√Īo a a√Īo, pudieran bajar; cf. art√≠culo n¬ļ 188 del proyecto de ley).

Tal como est√° el dicho proyecto, es bien probable que en 10 a√Īos m√°s el porcentaje de la cobertura universitaria en manos de universidades estatales pudiera haber bajado a√ļn m√°s (¬Ņal 15%?) e incluso la matr√≠cula total de las universidades del CRUCH (que, adem√°s de las universidades estatales, incluye a las universidades tradicionales no estatales).

Todas estas cosas las han dicho ya, en distintos tonos y ocasiones, tanto los rectores del CUECH (que agrupa a las universidades estatales) como los dirigentes estudiantiles de la CONFECH y m√ļltiples otras agrupaciones de acad√©micos, estudiantes y funconarios.

Para ‚Äúacreditarse‚ÄĚ el proyecto de ley requiere con urgencia cirug√≠a mayor, es decir, variaciones estructurales. No se trata s√≥lo de ‚Äúmeterle m√°s lucas‚ÄĚ a las universidades del Estado; de lo que se trata es de configurar un real sistema p√ļblico de educaci√≥n superior (que incluya a las universidades estatales como a aquellas no estatales con vocaci√≥n p√ļblica) y desarmar definitivamente el chanter√≠o mercantil en la educaci√≥n. O el proyecto de ley cambia su actual rumbo, o no merece llamarse ‚Äúreforma‚ÄĚ ni mucho menos acreditarse como tal.

Andrés Ajens y Carlos Astudillo
Escritor y presidente de la Federación de Estudiantes del Pedagógico (FEP)
Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación

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