Bastante conmoción en los medios nacionales causó el caso en que un padre e hijo dieron muerte a un sujeto que intentó sustraer su vehículo mediante el denominado método del portonazo.
Más allá de la cuestión sobre si correspondía o no aplicar la figura de la legítima defensa -no se configuraba- llama poderosamente la atención los discursos ciudadanos justificando la comisión de este delito homicida. Ello sobre la base de que al no funcionar las instituciones preventivas y represivas del delito, el ciudadano puede y debe imponer su justicia. Es decir, bajo las circunstancias de desamparo en que nos encontraríamos ante la ineficiencia del Estado no quedaría otra alternativa. Como algunos señalaron: que el delincuente muera en su ley.
Argumentos de esta naturaleza no pueden ser tolerados bajo ninguna circunstancia, pues supone una regresión como sociedad.
Precisamente, el Derecho Penal moderno y la monopolización de la herramienta punitiva por parte del Estado nacen por los excesos y desproporciones que tenía lugar por la forma de impartir justicia por parte de las propias víctimas. La evitación de las reacciones informales es una función esencial que le corresponde al Estado, justamente por la desconfianza que pueden generan las respuestas de las víctimas.
Muy excepcionalmente los particulares pueden actuar y responder violentamente frente a un delito, como sucede con la legítima defensa. En estos casos, lo que se busca no es otorgar espacios de venganza a los individuos, sino que tiene como objetivo permitir la protección de sus derechos en casos donde el Estado por alguna u otra razón no se encuentre en condiciones de otorgarlo. Contexto que no tuvo lugar en este caso, pues tanto padre e hijo pudieron y debieron poner a quien se apoderó de su vehículo a disposición de la autoridad.
Resulta particularmente preocupante la cada vez mayor tolerancia por parte de la ciudadanía frente a discursos de que debe combatirse el delito por cualquier medio. En este ámbito, deben asumir una mayor responsabilidad, tanto los medios de comunicación como la clase política para evitar una escalada en las reacciones informales.
Lamentablemente, en no pocos casos los medios de comunicación han contribuido en la generación de un miedo irracional frente al delito, de que vivimos en una sociedad insegura, que está a merced de la delincuencia.
Esto trae consigo una sensación de insatisfacción generalizada frente a las respuestas que el sistema penal da frente a la comisión de ilícitos. Es un escenario especialmente peligroso que se construya la idea de que las instituciones no funcionan. Por lo demás, tales sensaciones de peligro no se condicen con los índices que Chile que muestra en materia de seguridad, que se encuentran dentro de los rangos de varios países más desarrollados.
Además de lo anterior, las reivindicaciones ciudadanas de esta naturaleza encuentran también una pretensión de legitimidad no sólo en los medios, sino que incluso hallan asidero en algunos representantes políticos. En este sentido, existen iniciativas transversales para aumentar el espectro de la denominada legítima defensa privilegiada -que ya es muy amplia- a los casos de portonazos, con el fin de “rellenar un vacío legal”. Vacío que, por cierto, no es tal, pues estos supuestos ya están considerados.
Caminos como el descrito, no crean las condiciones institucionales para una convivencia pacífica en el marco de una sociedad que aspira a ser -en algún sentido- desarrollada. Por el contrario, genera mayor inseguridad, temor y lo que es peor, violencia.
Raúl Carnevali y Sebastián Galleguillos
Centro de Estudios de Derecho Penal
Universidad de Talca
