Este lunes se generó una nueva polémica al interior del Congreso, luego que parlamentarios revelaran un decreto “reservado” que describe las altas cifras en gastos en los que incurre Carabineros, lo que permitiría el uso de vehículos fiscales para los exaltos mandos de la institución.

En conversación con Expreso Bío Bío, el abogado y expresidente del Consejo para la Transparencia, Raúl Urrutia, sostuvo que “tengo entendido que el decreto es del 1998, por lo tanto, antes de ese año el que ocupaba el cargo de director general de Carabineros no recibía este beneficio”.

Además, agregó que “hay que colocarse en la época en que se dictó, una época donde había poca transparencia en las administraciones del Estado y recién en 2005 con la reforma en la Constitución Política realizada por Lagos, se incorpora la publicidad de los actos. No había posibilidad de conocer el decreto”.

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Sobre el decreto mismo, el abogado aseguró que “debe ser derogado, debe ser eliminado y ojalá así lo haga el futuro presidente Sebastián Piñera porque me parece inconcebible que se tenga estos beneficios extraordinarios a quienes han ocupado el cargo de director general”.

En esa línea, aclaró que “eso no quiere decir que no tenga una seguridad, que el Estado le proporcione una seguridad a estas personas, pero tampoco implica tengan el pago del tag, la bencina, el pago del chofer. Eso no puede ser y tampoco la entrega de un vehículo“.

Para Urrutia hay muchos “otros altos funcionarios del Estado que también necesitan la seguridad y eso implicaría pagarle todos estos beneficios (pregunta)”, dijo.

El abogado comentó que pocos chilenos conocen el decreto y que se enteró a través de la prensa.

“No tenía la menor idea de su existencia, yo creo que el 99% de los chilenos tampoco lo conoce. Por lo tanto hay que terminar con las normas de carácter reservado o secreto, salvo las que atentan con la seguridad nacional, pero tienen que ser leyes, no decretos”.

Para Urrutia la “única forma de que se recupere la credibilidad de las instituciones políticas del Estado, es que la ciudadanía entienda de que se está actuando a la luz del sol, es decir, que todas las personas actúan con una norma que todos conocen”.

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