El abogado y encargado del proyecto Inocentes de la Defensoría Penal Pública, Humberto Sánchez, comentó las propuestas generadas en cuestionamiento a la cautelar de prisión preventiva.
En entrevista con Expreso Bío Bío, el abogado explicó que los cuestionamientos se basan en que 2.800 personas fueron privadas de libertad el año pasado y luego absueltas y no condenadas.
Sánchez aseguró que se deben buscar herramientas para no abusar de la prisión preventiva y evitar periodos de encierro a personas que finalmente resultan absueltas.
El abogado detalló que de esta cifra, al menos 570 personas estuvieron detenidas por más de seis meses, lo que en la práctica se asocia a una especie de “condena anticipada”, cuando esta no es el objetivo de una medida cautelar.
Consultado sobre la factibilidad de alcanzar cambios legales, Sánchez sostuvo que se pueden alcanzar mejoras si se dan a conocer las historias de personas que se han visto perjudicados por errores judiciales.
“El desafío es buscar elementos comunes que nos permitan identificar estos errores. A través de esto pretendemos proponer una especie de cambio de cultura en este tipo de casos, sobre todo cuando la persona reclama su inocencia”, enfatizó.
El abogado indicó que de cada 10 solicitudes de prisión preventiva en delitos graves, en 9 ocasiones es acogida por el tribunal.
Por esta alta cifra llamó a considerar otras medidas alternativas, considerando que en la mayoría de los casos las personas involucradas cumplen con los trámites como asistir a audiencias u otras diligencias.
Su propuesta incluye reparaciones para quienes fueron privados de libertad y luego se ha determinado su inocencia, además de la gestión de redes para apoyo en la inserción laboral de los afectados.
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