El miércoles debutó en todo el país la aplicación del nuevo control preventivo de identidad incluida en la ley de Agenda Corta Antidelincuencia, que incluye mayores facultades fiscalizadoras a las policías.

La norma fue aprobada recientemente en el Congreso y ha generado polémica en la ciudadanía por las posibles consecuencias que traería dicha nueva herramienta, que autoriza a Carabineros a controlar a las personas mayores de 18 años en forma aleatoria.

En conversación con Expreso Bío Bío, Rubén Romero, jefe del Departamento de Estudios de la Defensoría Penal Pública, indicó que es importante promover en qué consiste el control preventivo de identidad y así poder preguntar a qué mecanismo se está sometiendo el ciudadano.

“Podemos analizar cuáles son los derechos y las obligaciones que tiene el funcionario respecto a estos controles”, dijo.

Explicó que el control de identidad preventivo tiene por objeto el resguardo del orden y la seguridad pública.

En cambio, el control de identidad investigativo tiene por objeto la indagación de delitos que ya han ocurrido, están ocurriendo u ocurrirán. “Se requiere un indicio para que pueda ser sometido”, dijo.

Añadió que ambos tienen un grado de invasividad que es distinto y ahí viene la importancia de saber a qué están sometiendo al ciudadano.

Detalló que en el control de identidad preventivo se tiene derecho a ver cuál es el nombre, grado y dotación del funcionario que ejerce esta modalidad.

“Puedo reclamar ante Carabineros todos los malos tratos que he recibido, de toda discriminación recibida o trato vejatorio durante la realización de la diligencia”, manifestó.

Además, aseveró que el ciudadano tiene derecho a que le den las facilidades para poder identificarse, que se verifique si hay dudas y si no existe un motivo para seguir una investigación, el control dura dos minutos.

Por otra parte, si la persona no porta cédula de identidad en el control de identidad preventivo, podría recurrir al control biométrico para identificarse. De no tener el mecanismo tecnológico, la diligencia se acaba.

No obstante, si la misma situación se replica en el control preventivo investigativo, se traslada a la comisaría. “Puede estar hasta 8 horas para poder verificar la identidad”, sostuvo.

Romero señaló que uno de los riesgos que ocurre con el control de identidad preventivo o investigativo, es que es igual a un control caminero o migratorio, por lo que se puede etiquetar la diligencia en forma posterior a que se realice de acuerdo a cómo resulte.

“No tiene ningún ámbito de invasividad a tus derechos”, concluyó.

Escucha la entrevista realizada por Katherine Ibáñez y Álvaro Escobar en Expreso Bío Bío: