En la Comisión de Trabajo del Senado hemos impulsado acuerdos que marcan un antes y un después en la vida laboral de miles de chilenas y chilenos. La reducción de la jornada laboral a 40 horas, el incremento del salario mínimo a 529 mil pesos y el avance de la reforma previsional son parte de una agenda que busca dignificar el trabajo y fortalecer la justicia social en nuestro país. Hoy, además, trabajamos intensamente en la modificación del Código del Trabajo para hacer realidad la Sala Cuna Universal, una medida que permitirá la plena inclusión de la mujer en el mundo laboral.

Estos avances no son casuales. Son el resultado de un proceso sostenido que pone en el centro a las y los trabajadores. Las estadísticas muestran una reducción sostenida del empleo informal, lo que significa que cada vez más personas acceden a trabajos formales y, con ello, a Seguridad Social y protección de derechos laborales.

De hecho, la tasa de ocupación informal ha disminuido durante seis trimestres consecutivos, según un estudio del OCEC-UDP, la Cámara de Comercio de Santiago (CCS) y Chilemujeres, que señala un descenso de 2,4 puntos porcentuales entre febrero-abril de 2024 y el mismo período de 2025. Asimismo, la informalidad laboral en Chile llegó al 25,8% en el primer trimestre de 2025, la cifra más baja desde 2017, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

Estos datos son valiosos no solo para la economía, sino también para el desarrollo humano y la construcción de una sociedad más justa. Porque cuando hablamos de trabajo —y, especialmente, de trabajo decente— debemos referirnos también a la relación entre la labor de las personas y la repartición de las utilidades. No basta con generar empleos: es necesario garantizar su calidad y consagrar los derechos establecidos en la Constitución, como la libertad sindical, el derecho a organizarse y a negociar colectivamente.

En Chile, la tasa de sindicalización sigue siendo baja, bordeando entre el 10% y el 12%, y la de negociación colectiva es aún menor. Esto refleja una relación laboral que muchas veces carece de equilibrio y justicia. Sin sindicatos fuertes ni diálogo social efectivo, se debilita la posibilidad de mejorar la calidad del empleo y avanzar hacia salarios verdaderamente dignos.

Solo mediante un diálogo social abierto, franco y sostenido podremos construir lo que muchos llaman un ingreso ético: un salario que permita vivir con dignidad. En este punto, también debemos revisar el sentido original de la gratificación, que ha pasado a ser parte del sueldo mensual, perdiendo su naturaleza como participación en las utilidades de la empresa. Hoy, mientras las acciones y el valor de las compañías aumentan, ese beneficio se ha diluido en el tiempo, restando justicia a la distribución de la riqueza generada por el trabajo.

Otro desafío es el valor del salario mínimo, que debiera estar vinculado al costo real de la canasta familiar, incluyendo vivienda, transporte y otros gastos esenciales de la vida moderna. Actualmente, el ingreso mínimo está apenas sobre la línea de superación de la pobreza, y la mitad de las y los trabajadores en Chile gana 611 mil pesos o menos.

Todo esto evidencia un problema profundo respecto del valor que nuestra sociedad otorga al trabajo. Debemos reconocer que es el trabajo el que genera la riqueza, la productividad y el progreso. Las empresas no tienen sentido sin los trabajadores, y los trabajadores no existen sin las empresas. De esa relación interdependiente y equilibrada nace el desarrollo, la equidad y el bienestar de un país.

Fortalecer el trabajo formal, promover salarios dignos y garantizar la igualdad de oportunidades —en especial para las mujeres— no es solo un desafío económico: es una tarea ética y política. Solo reconociendo el verdadero valor del trabajo podremos construir una sociedad más justa y humana, donde el progreso llegue a todos y todas.